Comunidades afrodescendientes y campesinos exigen restitución de tierras en Buenaventura
Las protestas en la vía entre Buga y Buenaventura han dejado pérdidas económicas que superan los 30.000 millones de pesos y mantienen represados cerca de 8.000 vehículos. En esta región, comunidades afrodescendientes reclaman la restitución de más de 65.000 hectáreas en defensa de sus territorios ancestrales.
La zona, marcada por altos índices de pobreza en Buenaventura y Dagua, también enfrenta la minería ilegal, vinculada a grupos armados como las disidencias 'Jaime Martínez' bajo el mando de 'Iván Mordisco', quienes manipulan a la población vulnerable para sus actividades ilícitas.
Bloqueos reiterados en la vía a Buenaventura con múltiples reclamos sociales
Entre marzo y julio de 2023 se registraron más de diez bloqueos en puntos recurrentes como La Delfina, La Víbora y Loboguerrero. Las protestas reúnen a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que exigen cumplimiento de acuerdos gubernamentales relacionados con acceso a tierras, inversión social y respeto a derechos territoriales.
Uno de los reclamos centrales es el pago de indemnizaciones por daños ambientales ocasionados hace más de dos décadas por una hidroeléctrica, que afecta a más de 1.600 personas. La Defensoría del Pueblo ha sido señalada por la demora en la entrega de estos recursos.
Además, los manifestantes piden la ampliación del fondo especial de Icetex para comunidades negras y mayor inclusión en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Autoridades alertan sobre presencia de actores externos y violencia en los bloqueos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que quienes protagonizan los bloqueos no pertenecen a las comunidades locales, sino que son personas de otros departamentos vinculadas al Congreso de los Pueblos, que buscan presionar al Gobierno Nacional.
“Son personas que no son del Valle del Cauca, ni son personas que viven sobre la carretera, pertenecen a un Congreso de los Pueblos que tiene una estrategia de bloquear cuatro o cinco departamentos en el país.”
Las autoridades han reportado que las protestas no han sido pacíficas; al menos tres policías resultaron heridos por ataques con 'papas bomba'. La Policía ha intervenido para desbloquear la vía, pero los manifestantes han retomado las acciones por la noche.
Fuentes militares y policiales también señalan que los bloqueos en Buenaventura y en la vía Panamericana del Cauca fueron coordinados y financiados, con la participación de grupos armados ilegales que buscan controlar actividades ilícitas como la minería y el tráfico de drogas.
El impacto social y económico de las protestas pone en riesgo el desarrollo regional
Las manifestaciones afectan el comercio y la movilidad en el puerto más importante de Colombia, agravando problemas sociales como la desnutrición infantil y el acceso limitado a servicios básicos en Buenaventura.
Mientras las comunidades buscan soluciones a sus demandas históricas, la presencia de actores externos y la violencia generan un escenario complejo que dificulta el diálogo y la normalización del tránsito.
¿Cómo evolucionarán las negociaciones y la seguridad en las vías bloqueadas?
El futuro de estas protestas dependerá de la capacidad del Gobierno para atender los reclamos sociales con soluciones concretas y de la efectividad de las autoridades para garantizar la seguridad y el orden público sin afectar a las comunidades legítimamente afectadas.