En Montería, los bloqueos realizados por personas que apoyan el paro minero han provocado retrasos en el ingreso de alimentos como zanahoria, lechuga y papa, lo que ha generado un aumento en los precios en el Mercado del Sur y el Mercado de Oriente.
Durante la madrugada del miércoles, los camiones con alimentos provenientes de Ocaña, Norte de Santander, llegaron con varias horas de retraso a las plazas de mercado, causando preocupación entre los comerciantes locales.
Los bloqueos, que se han extendido por tres días, también afectan la Terminal de Transporte de Montería, impidiendo la entrada y salida de vehículos desde Medellín, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, perjudicando a más de 200 pasajeros.
“Las dificultades que tuvimos empezaron ayer; en la mañana las empresas transportadoras debieron tomar rutas alternas hacia Medellín debido al bloqueo en Nechí. Dos empresas con buses de lujo desviaron por Sincelejo y San Pedro de Urabá”, explicó Sixta Lora, gerente operativa de la terminal.
Además, la movilidad se ha complicado por el colapso de dos puentes tras las inundaciones de febrero, afectando el transporte hacia Necoclí, Turbo y Apartadó y generando pérdidas económicas a los transportadores.
- Montelíbano
- San José de Uré
- Puerto Libertador
- La Apartada
- Ayapel
- Buenavista
Las comunidades más afectadas en movilidad son las de Puerto Libertador y San José de Uré, donde los bloqueos han generado mayores dificultades para el desplazamiento.
Frente a esta situación, la alcaldía de Caucasia mantiene activo el decreto 035 que incluye medidas como toque de queda entre las 11:59 p.m. y 6:00 a.m., prohibición de parrillero hombre entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., y ley seca hasta nueva orden.
“Pedimos a los caucasianos mantener la calma y al comercio seguir funcionando con normalidad; agradecemos al comité del paro por respetar los corredores comunitarios, trabajando juntos para una pronta solución”, señala el comunicado oficial.
El paro minero surge como respuesta a las recientes intervenciones de la Fuerza Pública, que con más de 30 operativos habrían destruido 35 retroexcavadoras y 50 motobombas en proceso de legalización, según los líderes mineros.