La alcaldía frena el acuerdo que impone requisitos al aborto
El alcalde Carlos Fernando Galán objetó el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, aprobado por el Concejo de Bogotá, que establece valoraciones psicológicas como requisito para acceder al aborto voluntario. Esta medida ha sido criticada por diversas organizaciones y expertos, quienes consideran que representa una barrera contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Organizaciones y expertos alertan sobre violaciones a derechos fundamentales
La Defensoría del Pueblo señaló que el acuerdo introduce mecanismos de disuasión y estigmatización que afectan a mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Según la entidad, esto vulnera la dignidad, autonomía y los avances en derechos sexuales y reproductivos, especialmente tras la Sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
“El proyecto institucionaliza mecanismos de vigilancia y estigmatización que constituyen violencia institucional incompatible con los principios de dignidad humana y autonomía”, afirmó la Defensoría del Pueblo.
La exmagistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo explicó que la valoración psicológica solo es procedente en casos posteriores a las 24 semanas de gestación o cuando existen riesgos para la salud mental de la madre, por lo que imponerla antes de ese término no se ajusta a la ley.
Competencias y límites del Concejo frente a políticas de aborto
La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud de Bogotá aclararon que el Concejo no tiene facultades para definir políticas públicas o rutas en materia de aborto, que son competencias exclusivas del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. Además, señalaron que el texto del acuerdo contiene frases contrarias a la Constitución y a sentencias previas.
Expertos en género han denunciado que el acuerdo busca estigmatizar y crear obstáculos adicionales para las mujeres en Bogotá, vinculando la iniciativa con discursos y movimientos provida que contradicen el enfoque integral del derecho a la salud sexual y reproductiva.
Un proceso con futuro incierto en la justicia y política local
Tras la objeción del alcalde, el proyecto regresó al Concejo para decidir si insiste en su aprobación. De persistir, podría llegar a revisión judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que determinará su constitucionalidad. Mientras tanto, el debate sobre los límites en el acceso al aborto en Bogotá continúa generando polarización y atención nacional.