El brutal feminicidio de María Camila Potosí y de su bebé no nacida en Cali ha sacudido al país. La mujer que presuntamente pagó cuatro millones de pesos para asesinar a la joven y robar a su hija, junto con sus cómplices, ya fue enviada a prisión preventiva. Aunque podrían enfrentar hasta 50 años de cárcel, el caso ha reavivado el clamor por penas más severas, incluida la cadena perpetua.
El llamado del presidente electo y la respuesta institucional
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha ordenado a su ministro de Justicia, Iván Cancino, 'abanderar el endurecimiento de penas'. Esta postura, comprensible ante el horror del caso, choca con la realidad jurídica: la Corte Constitucional ya ha declarado inexequible la cadena perpetua en dos ocasiones, y cualquier intento de revivirla enfrentaría un obstáculo constitucional insalvable.
¿Qué realmente previene estos crímenes?
La evidencia internacional y el análisis de expertos indican que la severidad de las penas tiene un efecto disuasorio limitado. Lo que realmente frena a los criminales es la certeza de ser capturados y condenados. En Colombia, la impunidad sigue siendo alta, y los pocos condenados encuentran vacíos legales para reducir sus sentencias. Por tanto, la cadena perpetua sería una medida simbólica, no preventiva.
Más que la cárcel de por vida, al criminal lo asusta que haya un chance real de que sea capturado y condenado por sus actos.
Alternativas viables y necesarias
- Fortalecer la capacidad investigativa y judicial para reducir la impunidad.
- Implementar penas efectivas para adolescentes que cometen delitos graves, dentro del marco constitucional.
- Invertir en prevención y atención a víctimas de violencia de género.
- Evitar el desgaste institucional en reformas inviables y enfocarse en soluciones reales.
El Gobierno entrante tiene la oportunidad de liderar una política criminal basada en evidencia, no en la reacción emocional. La sociedad exige justicia, pero la justicia efectiva no se logra con penas simbólicas, sino con un sistema que garantice que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y que se prevengan futuras tragedias.