Un lavadero cerrado por falta de documentos en Vallegrande
En la comuna 21 de Cali, las autoridades realizaron un operativo de inspección liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital y la Policía Nacional. La acción se enfocó en prevenir el uso irregular y desperdicio del agua en lavaderos de carros y motos.
Durante la intervención, se ordenó el cierre temporal de un lavadero ubicado en la calle 80 con carrera 24, en el barrio Vallegrande, debido a que, aunque tenía permiso vigente de concesión de agua, no contaba con toda la documentación requerida. Dos establecimientos más, uno en Vallegrande y otro en Calimío Desepaz, deben presentar documentos pendientes para continuar operando.
Detectan conexiones ilegales y manejo inadecuado de residuos
Un punto clave del operativo fue verificar posibles conexiones irregulares a las redes de agua potable de Emcali, prácticas que generan pérdidas económicas y afectan el servicio a la comunidad. Además, se inspeccionó el manejo de vertimientos y residuos peligrosos, así como el uso de aguas subterráneas sin permisos.
Estos operativos también buscan proteger el agua, evitar su mal uso y prevenir afectaciones a la salud de las comunidades, explicó Dagma.
Más de 40 operativos y seguimiento a pozos concesionados
Hasta la fecha, Dagma ha realizado 43 operativos de inspección, vigilancia y control, imponiendo 14 medidas preventivas a establecimientos que incumplen normas ambientales. Además, el equipo de Aguas Subterráneas ha visitado 570 pozos concesionados durante el año para asegurar el uso legal y sostenible del recurso.
El Dagma recordó que los lavaderos que utilicen pozos de agua subterránea deben contar con concesión vigente. De lo contrario, se enfrentan a sanciones por explotación no autorizada, conforme a la legislación ambiental colombiana.
¿Cómo afectarán estas medidas a los lavaderos en Cali?
Las acciones continuarán enfocadas en garantizar el uso responsable del agua y el cumplimiento de la normativa ambiental. Los establecimientos que no regularicen su situación podrían enfrentar sanciones mayores o cierres definitivos, mientras la ciudad avanza en la protección de sus recursos hídricos.