Colombia enfrenta un aumento sostenido en la presencia y capacidad de grupos armados ilegales, que suman cerca de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Estas organizaciones disputan intensamente al menos 14 zonas estratégicas del país, donde el control territorial se traduce en dominio sobre economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Un operativo sin precedentes en territorios en disputa
El mapa más reciente, al que EL TIEMPO accedió en exclusiva, señala enfrentamientos activos en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Guaviare, Caquetá, Casanare y Guainía. En estas regiones, la ausencia de una presencia directa y constante de la Fuerza Pública ha permitido que los grupos armados consoliden bastiones criminales.
- En el suroccidente, las disputas involucran a los ‘Comandos de Frontera’, ‘Autodefensas Unidas de Nariño’, ‘Raúl Reyes’, ‘Carlos Patiño’ y el Eln.
- El Bajo Baudó en Chocó y Briceño en Antioquia presentan combates recientes entre el Eln, el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ y disidencias de ‘Calarcá’.
- En la región Caribe, los enfrentamientos entre el Eln, el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ y las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ persisten por el control de rutas hacia el mar.
- El nororiente del país, en Norte de Santander, es escenario de confrontación entre el Eln y disidencias armadas en zonas fronterizas.
- La Orinoquia y la Amazonia registran combates entre disidencias de ‘Calarcá’, ‘Iván Mordisco’ y la ‘Segunda Marquetalia’.
El impacto en la comunidad y la economía ilícita
Estas zonas coinciden con áreas de alta concentración de cultivos ilícitos y minería ilegal. Según el informe Simci 2023, Nariño y Cauca cuentan con decenas de miles de hectáreas de coca, cifras que generan preocupación frente a la limitada efectividad estatal y la continuidad de la violencia. Miles de personas han abandonado sus hogares debido a los enfrentamientos, que se mantienen a pesar de los esfuerzos gubernamentales por la ‘paz total’.
La fiscal Luz Adriana Camargo ha solicitado la reactivación de órdenes de captura contra líderes armados como alias Calarcá, quienes continúan delinquiendo pese a las negociaciones de paz.
Golpes significativos a las estructuras armadas
En el primer trimestre de 2026, el Ejército reportó la captura de 291 integrantes de grupos armados ilegales, la muerte de 9 presuntos miembros en operaciones militares, y la incautación de armas y municiones. Se destruyeron artefactos explosivos y minas antipersonales, y se liberaron 26 personas retenidas.
- Incautación de 327 kilogramos de explosivos y material para la fabricación de artefactos.
- Decomiso de más de 13 millones de pesos y 147 especies animales, afectando financiamiento ilícito.
- Captura de 15 personas por minería ilegal y destrucción de maquinaria y yacimientos en operaciones ambientales.
- Confiscación de 194 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.256 kilogramos de marihuana.
- Destrucción de semilleros de coca y material para procesamiento de estupefacientes.
Aunque el Gobierno anunció la reactivación de la fumigación aérea con glifosato mediante drones, esta estrategia aún se encuentra en fase de pruebas. Por otro lado, la erradicación manual de cultivos ilícitos mostró un repunte con más de 2.035 hectáreas eliminadas en el primer trimestre, la cifra más alta en este periodo durante la administración actual.
La persistencia de la violencia en estas zonas evidencia que, a pesar de los esfuerzos de la ‘paz total’, la confrontación entre grupos armados y el control de economías ilegales siguen siendo retos fundamentales para la seguridad nacional.