Un operativo contra el fraude masivo a programas sociales
Un contundente golpe contra una red criminal dedicada a cometer estafas electrónicas fue llevado a cabo por la DIJIN de la Policía Nacional, en coordinación con INTERPOL y la Fiscalía, durante una operación que dejó 11 capturados en Medellín, Barranquilla y Montería.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían involucrados en el robo de más de $3.000 millones de pesos correspondientes a ayudas económicas entregadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
El método: suplantación y alteración de huellas
La organización criminal operaba mediante la suplantación de identidad de beneficiarios y de puestos autorizados de cobro. Para cometer el fraude, los integrantes de la red accedían ilegalmente al software utilizado para la toma de las huellas dactilares de los beneficiarios y modificaban los registros biométricos, reemplazándolos por las huellas del cabecilla y de otros integrantes de la estructura.
Con este método, los delincuentes lograban presentarse en los puntos de pago como si fueran los verdaderos beneficiarios y retiraban de manera fraudulenta los subsidios destinados a población en condición de vulnerabilidad.
Expansión y roles dentro de la red criminal
Las autoridades establecieron que la estructura comenzó operando en Medellín y otros municipios de Antioquia. Sin embargo, posteriormente expandió sus actividades ilícitas hacia Ibagué, Montería y Barranquilla, donde buscaban lugares estratégicos para falsificar documentos de identidad, acceder ilegalmente a sistemas informáticos y reclutar colaboradores que facilitaran los cobros fraudulentos.
La investigación, que se extendió por más de un año, permitió a la DIJIN recopilar material probatorio desde 2023 hasta la fecha para identificar el funcionamiento de la red y judicializar a sus integrantes.
Asimismo, las autoridades señalaron a alias ‘Yeimar’ como el presunto cabecilla de la organización criminal. Según la investigación, cada integrante cumplía funciones específicas dentro de la estructura, entre ellas reclutar personas, realizar las suplantaciones y efectuar los cobros ilegales.
“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios. La investigación continúa con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal, entre estos, posibles funcionarios públicos que habrían entregado información privilegiada a la estructura criminal”
Incautaciones y proceso judicial
Durante los allanamientos fueron encontrados e incautados 9 computadores, 8 teléfonos y 3 discos duros. También fueron halladas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cédulas de ciudadanía.
Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios fueron presentados en audiencia pública ante un juez. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.