Un operativo sin precedentes en el ámbito jurídico internacional permitió a Colombia evitar una condena por 380 millones de dólares en un proceso arbitral contra la minera canadiense Aris Mining, antes Gran Colombia Gold. Esta demanda, que amenazaba la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros, fue resuelta mediante un acuerdo confidencial firmado en noviembre de 2025.
El litigio se originó en 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuando la multinacional alegó que medidas estatales afectaron sus títulos mineros y proyectos en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia). La empresa argumentó que las acciones de formalización minera y restricciones operativas vulneraron compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá.
“El proceso arbitral se encontraba en su etapa final. Ambas partes ya habían presentado sus alegatos de cierre y el laudo definitivo estaba pendiente por parte del tribunal arbitral. El acuerdo refleja un resultado equilibrado”, afirmó Neil Woodyer, CEO de Aris Mining.
El pacto de conciliación establece un marco de cooperación por 10 años que será supervisado por un comité conjunto conformado por entidades del Estado colombiano y la multinacional. No hubo compensación económica entre las partes, lo que según el CEO de Aris Mining, fortalece la seguridad jurídica y promueve prácticas responsables.
- Impulso a la formalización minera en Marmato y Segovia liderado por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería.
- Desarrollo territorial sostenible con acciones coordinadas con autoridades ambientales locales como Corpocaldas.
- Despliegue de efectivos de la Fuerza Pública para proteger proyectos mineros privados, en apoyo del Ministerio de Defensa.
- Cooperación con la Fiscalía General para tramitar prioritariamente denuncias penales presentadas por la compañía.
- Fortalecimiento de la vigilancia y cumplimiento de la regulación minera y ambiental en la región.
El desafío central será llevar a la práctica los compromisos en una región donde la relación entre mineros tradicionales y multinacionales ha sido tensa. Cerca de 5.000 familias dependen de la minería artesanal en Marmato, y la presencia de operaciones a gran escala ha generado protestas y procesos judiciales, incluida la suspensión temporal de actividades de la multinacional por orden de la Corte Constitucional.
Este acuerdo se presenta en un momento en que el presidente Gustavo Petro busca retirar a Colombia del CIADI, el principal tribunal internacional de arbitraje de inversiones, lo que añade un contexto político a la resolución de esta compleja disputa.
La firma del acuerdo refleja la capacidad de diálogo y negociación entre el Estado colombiano y los inversionistas extranjeros para resolver disputas complejas, evitando altos costos y promoviendo la estabilidad jurídica y el desarrollo sostenible en sectores estratégicos para la economía nacional.