El inicio de 2026 ha estado marcado por una intensa ola invernal que afectó departamentos como Córdoba, Chocó, La Guajira y Antioquia, lo que llevó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. En este contexto, se expidió el Decreto 173 de 2026 que establece un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, sociedades de hecho y sucursales de entidades extranjeras con activos superiores a $10.400 millones.
Este impuesto busca recaudar aproximadamente $6,8 billones destinados exclusivamente a la atención de damnificados y la reconstrucción de infraestructura afectada por las fuertes lluvias, bajo un esquema especial que evita que estos recursos ingresen al presupuesto nacional ordinario.
La Corte Constitucional realiza un control automático de legalidad sobre el decreto y ha solicitado al Gobierno una rendición de cuentas detallada para garantizar que los recursos se utilicen únicamente para mitigar la crisis climática. De detectarse desvíos hacia gastos de funcionamiento o pago de deudas, el decreto podría ser declarado inconstitucional.
“Por ahora, las empresas y entidades destinadas a pagar lo deben hacer. La ley que impuso esos tributos está vigente y se debe cumplir. Sin embargo, lo más deseable es que la Corte Constitucional se pronuncie rápidamente. Este tema amerita urgencia y agilidad del alto tribunal”, afirmó el abogado Fabio Humar.
La Contraloría General de la República ha recibido solicitudes para activar un seguimiento en tiempo real con el fin de evitar que los fondos se pierdan en la cadena de contratación regional durante esta emergencia. Asimismo, la Procuraduría y la Contraloría deben ejercer vigilancia rigurosa para impedir que los recursos sean utilizados para financiar campañas electorales.
“Es necesario vigilar que esos recursos se utilicen únicamente para conjurar la crisis que tiene como génesis la emergencia económica y no para otro tipo de efectos, mucho menos malgastarlos en la campaña electoral”, indicó Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia.
El Ministerio de Hacienda ha asegurado que estos recursos no ingresarán a la 'bolsa general' del presupuesto nacional, sino que serán ejecutados a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la etiqueta específica de 'Emergencia 2026'.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, destacó que aunque existe desconfianza ciudadana sobre el manejo de fondos públicos en períodos electorales, la ejecución de gran parte de estos recursos se extenderá incluso al próximo gobierno, y recalcó que la transparencia depende de tener personas decentes al frente del Estado.
Finalmente, el Congreso de la República ejercerá control político mediante la exigencia de informes detallados sobre la ejecución de cada peso recaudado, garantizando así un mecanismo integral de vigilancia en esta emergencia nacional.