Un revés judicial para las órdenes de captura internacionales
En junio del 2025, la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó la captura de la fiscal general Luz Adriana Camargo y del embajador Iván Velásquez por supuestas irregularidades en el caso Odebrecht, generando un fuerte impacto en el ámbito jurídico y político de Colombia y Guatemala.
Antecedentes clave y contexto diplomático
Camargo y Velásquez trabajaron juntos durante una década en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que destapó importantes casos de corrupción. Ambos gozan de inmunidad especial, situación que puso en duda desde el inicio la viabilidad de las órdenes de captura y su ejecución a nivel internacional.
Además, Luz Adriana Camargo, como alta funcionaria del Estado, posee pasaporte diplomático, lo que le otorga beneficios adicionales frente a procesos judiciales internacionales.
El impacto en la comunidad jurídica y política
La Fiscalía guatemalteca, liderada por José Rafael Curruchiche, acusó a Camargo y Velásquez de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión. Sin embargo, ambos rechazaron las acusaciones, denunciando persecución política y violación de acuerdos internacionales.
La orden de captura constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Desconoce los parámetros del derecho internacional, carece de sustento político.
La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos guatemaltecos obligados al exilio.
La decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
El 9 de abril de 2026, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema resolvió anular las órdenes de captura señalando que la Sala Tercera emitió una resolución ilegal y violatoria de derechos fundamentales, pues no tiene competencia para ordenar aprehensiones, función reservada a jueces de primera instancia.
Además, la Corte criticó que el Ministerio Público solicitara suspender algunas órdenes y mantuviera otras, entre ellas las de Camargo y Velásquez, lo que evidenció una vulneración del principio de igualdad y debido proceso.
Se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al emitir ilegalmente órdenes de captura sin competencia, lo que generó indefensión material a los implicados.
Reacciones y perspectivas tras la resolución
El embajador Iván Velásquez destacó en su cuenta de X que la decisión marca un cambio positivo en Guatemala a pocos días de que finalice el periodo de la actual fiscal general Consuelo Porras, a quien calificó como corrupta.
Esta resolución representa un giro importante en la disputa judicial y política que ha involucrado a altos funcionarios colombianos y guatemaltecos, reafirmando la protección de derechos fundamentales y la legalidad procesal en casos de alto impacto.