Un coctel armado por el avance de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sobre el control que ejerce el Eln en Maicao, así como por la presencia de la 'Segunda Marquetalia' y bandas locales, motivó la emisión de la alerta temprana número 13 de este año por parte de la Defensoría del Pueblo.
Expansión de las ACSN y sus consecuencias
La expansión de las ACSN, conocidas también como 'los Pachenca', en este municipio fronterizo ha dejado, según el Ministerio Público, a las comunidades wayúu y a la población migrante en medio del fuego cruzado. Las autodefensas buscan controlar los corredores estratégicos y economías ilícitas en esta región de La Guajira, lo que ha generado tensiones con el Eln, que históricamente ha ejercido influencia en zonas rurales del municipio.
Pero además de esta disputa, el riesgo aumenta por la presencia de las disidencias de las Farc y bandas criminales como 'Los Rafita' y 'Los Payasos', que se enfrentan por el dominio del casco urbano.
"La presencia de estas estructuras podría derivar, además de disputas, en subordinación o tercerización de actividades ilícitas. En consecuencia, se incrementa el riesgo para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de las y los habitantes de las zonas urbana y rural del municipio", advirtió la Defensoría.
Tres escenarios de riesgo identificados
La alerta temprana identifica tres escenarios de riesgo. El primero responde al avance de las ACSN sobre el casco urbano de Maicao y los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón, una expansión que ha provocado fricciones con el Eln. La Defensoría advierte que los resguardos indígenas Okochi y Wopumuin Junain Maikou, del pueblo wayúu, quedan expuestos a esa confrontación.
- Avance de las ACSN sobre el casco urbano y corregimientos, con fricciones con el Eln.
- Paraguachón: coexistencia forzada entre el Eln y la Segunda Marquetalia por control de trochas ilegales.
- Casco urbano de Maicao: confrontación entre 'Los Rafita', 'Los Payasos' y 'La Banda del Oso'.
Maicao, un 'caldo de cultivo' de economías ilegales
Para la Defensoría, la ubicación estratégica de Maicao, en la frontera con Venezuela, ha convertido al municipio en un 'caldo de cultivo' de economías ilegales que favorece el asentamiento de los grupos armados y organizaciones criminales.
La entidad también sustenta la alerta en los hechos violentos registrados durante este año. Entre ellos dos masacres, una perpetrada el pasado 9 de enero, en la que fueron asesinados cinco jóvenes y otra el 12 de abril, en el barrio Villa Mery, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas dos menores de edad.
A estos hechos se suma la circulación de videos en redes sociales en los que grupos armados exhiben actos de tortura y confesiones forzadas como mecanismo de intimidación y control sobre la población.
Gobernanza armada ilegal y riesgo para comunidades
La Defensoría advierte que estas estructuras están imponiendo una "gobernanza armada ilegal", regulando la vida cotidiana mediante extorsiones a comerciantes y mototaxistas, restricciones a la movilidad y normas de conducta impuestas por la fuerza.
Incluso, señala que las ACSN buscan legitimarse ante algunas comunidades presentándose como supuestos "garantes del orden", mientras instrumentalizan bandas locales para fortalecer su presencia en el territorio.
La alerta señala que el riesgo es especialmente alto para las comunidades wayúu, cuyos territorios y autoridades tradicionales están siendo afectados por el tránsito y la presencia de actores armados. También advierte sobre el peligro de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades relacionadas con economías ilegales.
A ello se suma la situación de la población migrante y de líderes sociales, quienes, según la Defensoría, son víctimas de amenazas, desplazamientos forzados y procesos de estigmatización.
18 recomendaciones para contener la violencia
Frente a este escenario, la Defensoría formuló 18 recomendaciones dirigidas, entre otras entidades, a los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía, la Gobernación de La Guajira, la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección, el ICBF y la Unidad para las Víctimas.
Las medidas buscan contener la expansión de los grupos armados, prevenir el reclutamiento de menores, fortalecer la protección colectiva de las comunidades indígenas y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en Maicao.