La Defensoría del Pueblo salió en defensa del registrador Hernán Penagos y rechazó las amenazas y mensajes intimidatorios que, según la entidad, han circulado en las últimas semanas en redes sociales contra el funcionario, otros servidores de la Registraduría y la propia organización electoral.
Un pronunciamiento contundente
A través de un pronunciamiento, la entidad advirtió que las publicaciones, difundidas desde cuentas anónimas, incluyen contenidos que promueven represalias y hechos de violencia en contra de quienes tienen a su cargo la organización de los comicios.
La Defensoría señaló que estas amenazas coinciden con la difusión reiterada de acusaciones de fraude electoral formuladas 'al margen de las instancias previstas' para tramitar denuncias e inconformidades, lo que, además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones, pone en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.
El llamado a los canales institucionales
En el pronunciamiento, la entidad reiteró que los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos dentro de una democracia, pero insistió en que deben tramitarse por los canales institucionales y de manera pacífica.
La protección de quienes ejercen estas funciones es indispensable para el desarrollo libre del proceso electoral y el fortalecimiento de una democracia pluralista.
La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue las amenazas que puedan constituir delitos e identifique a sus responsables. También pidió a la Unidad Nacional de Protección reevaluar el nivel de riesgo del registrador Penagos y de los funcionarios de la Registraduría.
Responsabilidad de las plataformas y los actores políticos
Igualmente, solicitó a las plataformas digitales actuar con diligencia frente a los contenidos que constituyan amenazas o incitación a la violencia, y exhortó a las instituciones, así como a los sectores políticos y sociales, a rechazar cualquier forma de violencia contra las autoridades electorales y tramitar las controversias mediante los mecanismos previstos por la ley.
Finalmente, la Defensoría recordó que quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad reforzada para contribuir al desescalamiento de los discursos que puedan aumentar los riesgos contra las personas o debilitar la confianza en las instituciones democráticas, y aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación 'en cumplimiento de su mandato constitucional'.