En una decisión que ha generado amplio debate, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar ordenó el traslado de Carlos José Robayo Escobar, conocido como alias Guacamayo, desde la cárcel de esa ciudad hasta el Centro de Armonización del resguardo indígena Yu Cehk, del pueblo Nasa, ubicado en el Alto Naya, límites entre Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
Un cambio de reclusión sin precedentes
Alias Guacamayo, quien lideró la organización delincuencial 'La Gran Alianza', fue condenado a 41 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y fabricación, tráfico o porte agravado de armas de fuego. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Cali y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ahora cumplirá su pena en un entorno comunitario indígena, amparado en las normas que protegen los derechos y tradiciones de los pueblos originarios.
Los argumentos del juez y las condiciones del resguardo
El despacho judicial basó su decisión en la solicitud del gobernador del resguardo Yu Cehk, la certificación del Ministerio del Interior que acredita a Robayo Escobar como miembro de esa comunidad, y un informe del área jurídica de la cárcel que verificó las instalaciones del Centro de Armonización. Según el documento, el lugar cuenta con dormitorios para ocho personas, cocina, comedor, baños, espacios de trabajo, zona de prácticas espirituales y área recreativa.
- La vigilancia estará a cargo de la Guardia Indígena, responsable de controlar la permanencia de los internos.
- En salud, el resguardo ofrece medicina tradicional y médicos ancestrales; para atención especializada, los trasladan al centro de salud de La Playa, a una hora de distancia.
- El Inpec deberá realizar visitas periódicas para verificar que alias Guacamayo siga privado de la libertad; si no está, el beneficio se revocará de inmediato.
El juez concluyó que Robayo Escobar puede cumplir la condena bajo un tratamiento especial, sin que ello signifique reducción de pena ni libertad anticipada.
No obstante, el caso ha generado controversia, pues pese a la gravedad de los delitos, el lugar de reclusión deja de ser un establecimiento penitenciario para convertirse en un resguardo indígena. Además, en otros casos ha sido difícil verificar que los condenados cumplan efectivamente la pena en estos centros, lo que pone en duda la efectividad de la medida.