Rafael Hernández, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), advierte que actualmente no es rentable sembrar arroz en Colombia debido al aumento sostenido en los costos de producción, especialmente por el incremento en el precio de los fertilizantes, y la competencia desleal del contrabando proveniente de Ecuador.
El impacto del contrabando y la eliminación del incentivo al almacenamiento
Los arroceros llevan meses solicitando al Gobierno la reactivación del incentivo al almacenamiento, un mecanismo creado en los años 90 para retirar temporalmente el excedente de arroz y evitar la caída de precios por sobreoferta. La ausencia de esta medida, sumada a la entrada ilegal de arroz ecuatoriano, ha provocado una reducción del 10% en los precios nacionales, situándolos por debajo de los costos de producción.
Medidas gubernamentales y riesgo de nuevas protestas
Aunque el Gobierno estableció precios mínimos para proteger a los agricultores, Hernández explica que estos no garantizan un margen de ganancia justo, lo que mantiene la incertidumbre y el riesgo de paros en el sector. La concentración del mercado en cuatro grandes empresas también dificulta la comercialización del arroz.
Cierre de frontera y aranceles: un desafío para la industria local
El cierre de la frontera con Ecuador y la imposición de aranceles mutuos han sido demandados por Fedearroz para frenar el ingreso ilegal de arroz subsidiado por el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, la entrada irregular de más de 100.000 toneladas sigue siendo una amenaza para la competitividad del sector colombiano.
La guerra en Oriente Medio y el alza de los fertilizantes
La dependencia del fertilizante urea, proveniente en gran parte de Oriente Medio, ha expuesto al sector arrocero a incrementos del 40 al 50% en los costos de este insumo. Esto representa aproximadamente el 25% de los costos totales de producción y pone en riesgo la estabilidad de la producción nacional.
Fedearroz insiste en la necesidad de optimizar el uso de fertilizantes para mitigar el impacto económico, pero advierte que el aumento sostenido puede trasladarse a los precios finales que pagan los consumidores, dependiendo de la duración del conflicto en la región.