El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, entidad encargada de garantizar la competencia justa y la protección al consumidor en Colombia. La decisión se basa en que Rusinque no cumple con los requisitos legales exigidos para el cargo.
Rusinque, cercana al presidente Gustavo Petro, asumió el cargo en febrero de 2024 tras dirigir el Departamento de Prosperidad Social. Sin embargo, la demanda presentada por varios ciudadanos cuestionó que no posee maestrías ni doctorados relacionados con derecho comercial, propiedad intelectual, protección al consumidor o libre competencia, áreas clave para la superintendencia.
Además, el Consejo de Estado concluyó que su experiencia laboral certificada es de ocho años y medio, inferior a los diez años requeridos para el cargo. Parte de la experiencia reconocida por el Departamento Administrativo de la Función Pública fue descartada por no estar relacionada con las funciones específicas de la entidad.
El tribunal también cuestionó la validez y pertinencia del posgrado en Investigación en Estudios Políticos obtenido en Francia, pues lo calificó como un título propio sin equivalencia oficial en Colombia y sin relación directa con las funciones de la superintendencia.
Pese a la anulación, un decreto reciente del Departamento Administrativo de la Presidencia modificó los requisitos para los superintendentes financiero, de Sociedades y de Industria y Comercio, lo que permitiría a Rusinque regresar al cargo si el presidente Petro la vuelve a nombrar.
Rusinque defendió su nombramiento argumentando que fue elegida de una lista de aspirantes que cumplían los requisitos legales y que su maestría en Estudios Políticos está relacionada con la misión de la Superintendencia.
El caso generó debate sobre la transparencia y los criterios para nombramientos en cargos públicos de alto nivel, especialmente cuando involucran figuras cercanas al gobierno. La decisión del Consejo de Estado pone en evidencia la importancia de cumplir estrictamente con los requisitos legales para garantizar la idoneidad en funciones clave del Estado.