El Consejo de Estado emitió un duro llamado de atención tras detectar que un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia incluía citas jurisprudenciales inexistentes, aparentemente generadas por inteligencia artificial. El alto tribunal verificó que las sentencias mencionadas no aparecen en sus bases oficiales, pese a contar con radicados, fechas y magistrados ponentes aparentemente precisos.
Un precedente de sanciones por mal uso de IA
Este no es un caso aislado. En febrero pasado, la Corte Suprema sancionó con 15 salarios mínimos a un abogado que redactó un recurso de casación con IA e incluyó citas falsas. Además, revocó un fallo de tutela donde un juez había colgado un borrador de sentencia hecho con inteligencia artificial, falseando audiencias que aún no se habían realizado.
El fallo del Consejo de Estado y sus consecuencias
En la sentencia que rechazó el recurso, el Consejo de Estado señaló que 'este tipo de actuaciones afecta la seriedad del proceso, la confianza en la administración de justicia y los deberes profesionales'. Por ello, ordenó remitir copias del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que determine si hay lugar a una investigación disciplinaria contra el autor del recurso.
El proceso original corresponde a una demanda de reparación directa contra el Estado por presuntos perjuicios derivados de una sentencia del Tribunal Superior de Buga de 2020, la cual fue desvirtuada en primera y segunda instancia. Los demandantes, al perder, presentaron el recurso extraordinario redactado con IA, que citó fallos fantasiosos.
La postura del alto tribunal sobre la IA en la justicia
La inteligencia artificial no decide, no valora pruebas, no interpreta el derecho con autoridad judicial ni responde por las consecuencias de una providencia; esa responsabilidad recae exclusivamente en el juez.
El Consejo de Estado enfatizó que el uso de estas herramientas solo es admisible bajo control humano efectivo, verificación rigurosa de resultados y plena conciencia de sus riesgos, pues cualquier uso acrítico o automático puede comprometer derechos de las partes, la integridad del proceso y la confianza pública en la administración de justicia.