Un pulso institucional estalla en Antioquia
Una tormenta político-institucional estalló en Antioquia tras conocerse la decisión de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) de presentar una recusación formal en contra del Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. La medida busca frenar de inmediato la auditoría que el organismo de control venía adelantando en la empresa, argumentando que se están vulnerando las garantías procesales y la imparcialidad requerida para este tipo de procedimientos administrativos.
La junta directiva y la gerencia de la licorera manifestaron públicamente su preocupación ante lo que consideran una extralimitación de funciones por parte de la Superintendencia.
Las acusaciones contra la auditoría
Según el comunicado oficial de la FLA, aunque la empresa ha atendido de manera diligente y respetuosa los requerimientos iniciales, la mayoría de las solicitudes de información hechas por la Supersalud exceden por completo el ámbito de la vigilancia sanitaria. La entidad asegura que se les está exigiendo la entrega de datos sensibles relacionados con aspectos contractuales, financieros, secretos comerciales de gobierno corporativo y el registro detallado de sus litigios y procesos judiciales en curso.
"He decidido ejercer los mecanismos legales que otorga la ley, mediante la presentación de una recusación en contra del Superintendente de Salud, sustentada en causales que podrían afectar la imparcialidad requerida", expresó Esteban Ramos, gerente general de la FLA.
Previo a este anuncio, Ramos se había pronunciado sobre esta medida criticando que quien haga esta diligencia sea una persona cuestionada tras su paso por la Alcaldía de Medellín. Ramos vinculó la inspección con las tensiones del pasado administrativo de Medellín, acusando directamente a Daniel Quintero y a su exsecretario privado, Juan David Duque, de intentar "venir por una empresa muy querida por los antioqueños" tras, según sus palabras, haber "querido acabar con Medellín".
La defensa de Daniel Quintero
La respuesta del Superintendente Daniel Quintero no se hizo esperar y encendió aún más la polémica a través de sus redes sociales. Quintero aseguró de forma tajante que la Supersalud "no le pide permiso a nadie para cumplir la Constitución". El funcionario argumentó que la vigilancia de las rentas de la FLA es un deber legal estricto consagrado en el artículo 336 de la Constitución Política y en la Ley 1816 de 2016, dado que esos monopolios rentísticos están destinados específicamente a financiar el sistema de salud de los ciudadanos.
"Llama la atención que el más incómodo ante una inspección de rutina sea, justamente, el gerente de la entidad visitada", afirmó Quintero, ratificando que la inspección continuará con rigor hasta el último día.
El impacto en las finanzas departamentales
Mientras la batalla legal se define en los despachos del Ministerio de Salud o las instancias competentes para resolver la recusación, el gobernador de Antioquia y diversos sectores políticos ya vigilan de cerca el desenlace de esta sorpresiva inspección que mantiene en vilo las finanzas públicas del departamento.