La no adjudicación pone en riesgo $4,3 billones para el aeropuerto
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, advirtió que la falta de adjudicación del proyecto de la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, pone en riesgo inversiones superiores a 4,3 billones de pesos. Estos recursos estaban destinados a la ampliación y modernización de esta terminal aérea que sirve a Cali, el Valle del Cauca y otras regiones nacionales e internacionales.
Esta advertencia surge tras la finalización del contrato con Aerocali, concesionario privado que operó el aeropuerto por 25 años, y la reciente asunción de su operación por parte de la Aeronáutica Civil desde el 1 de septiembre.
Palmira podría dejar de recibir $2 billones en contraprestaciones
Según López, en un horizonte de 30 años, Palmira dejaría de recibir cerca de 2 billones de pesos por contraprestaciones aeroportuarias si no se concreta la nueva concesión, afectando el desarrollo económico y urbano de esta ciudad estratégica en el suroccidente colombiano.
El proyecto previsto incluye importantes obras como la ampliación de plataformas de carga y comercial, construcción de una nueva torre de control, dique nacional, terminal de bajo costo, 18 puentes de abordaje y un nuevo edificio para la Aeronáutica Civil.
Se estima que en 25 años el aeropuerto podría incrementar su flujo de pasajeros en un 120 %, pasando de 7 a 15 millones de viajeros, lo que hace urgente las obras de ampliación y modernización.
La alianza público-privada es clave para el desarrollo del aeropuerto
El congresista resaltó que la nueva concesión debe darse bajo un esquema de asociación público-privada (APP), que permita la vinculación de capital privado para la operación y expansión del aeropuerto sin recursos públicos iniciales.
Actualmente existe una iniciativa privada estructurada y aprobada, que incluye un plan maestro, etapa de prefactibilidad, costos estimados y fuentes de financiación para garantizar la viabilidad del proyecto.
López anunció que citará a debate de control político a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para esclarecer la situación tras la finalización del contrato con Aerocali.
La gobernadora del Valle exige agilizar la licitación antes de 2026
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, destacó la importancia de adelantar la selección de un nuevo operador que garantice continuidad y eficiencia, mencionando el interés de operadores internacionales, como coreanos y londinenses.
La mandataria solicitó que la licitación para la nueva concesión se abra antes de diciembre de 2025 y que esta incluya la ampliación del aeropuerto y la segunda pista, así como mejoras en Buenaventura y otros aeropuertos del Pacífico colombiano.
Además, insistió en que Palmira debe ser compensada por los $32.000 millones anuales que dejará de percibir por contraprestaciones, proponiendo que esos recursos se destinen a inversión social concertada con la administración local.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que el Gobierno Nacional tiene capacidad para operar el aeropuerto hasta 2026, pero reiteró que la concesión privada es la opción preferente para el desarrollo.
Milena Jiménez, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, aseguró que se espera abrir el proceso de licitación en el último trimestre de 2025 y adjudicar el nuevo concesionario en 2026.
¿Cómo afectará la operación pública mientras se define la concesión?
Mientras la Aeronáutica Civil opera el aeropuerto, las inversiones se limitan a operación y mantenimiento, sin contemplar obras de ampliación o modernización, generando preocupación en autoridades locales y gremios.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, Mábel Lara, han insistido en la necesidad de un concesionario privado con experiencia que potencie el aeropuerto y fortalezca la competitividad regional.
El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es el cuarto en Colombia por número de pasajeros, con más de 3,89 millones movilizados entre enero y julio de 2023, y más de 13.000 toneladas de carga, según la Gobernación del Valle.
Expertos y gremios insisten en que este aeropuerto es un nodo fundamental para el turismo, el comercio y el desarrollo económico del suroccidente colombiano, por lo que la pronta adjudicación de la concesión es vital.
"El aeropuerto es mucho más que una infraestructura; es un polo de desarrollo que genera impulso económico y contribuye al crecimiento urbano y la movilidad local", afirmó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.
La incertidumbre sobre la concesión genera preocupación entre las autoridades y la comunidad, que esperan que el Gobierno Nacional y la ANI agilicen los procesos para garantizar la competitividad y el crecimiento del aeropuerto y la región.