En una reunión tensa de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró anticipadamente tras la aprobación de un aumento en la tasa de interés al 11,25 %, decisión que calificó como desconectada de la realidad económica del país.
Ávila anunció además una ruptura de relaciones con el Emisor, un hecho sin precedentes que ha generado dudas sobre su viabilidad jurídica y la posible afectación a la independencia del Banco.
“El Presidente de la República de Colombia no tiene el poder para romper relaciones con la banca central. Eso es romper la Constitución.”
Expertos legales y exmagistrados han rechazado la postura del ministro, señalando que su ausencia en las reuniones puede acarrear sanciones disciplinarias e incluso una investigación por parte de la Procuraduría.
“La actitud del ministro es grosera frente a la toma de decisiones del Banco y no puede ausentarse. Podría ser indagado por la Procuraduría.”
La Corporación Excelencia a la Justicia y penalistas han enfatizado que el anuncio del ministro desconoce los principios constitucionales de autonomía, independencia y colaboración armónica entre poderes, y que la figura de 'romper relaciones' no existe en el derecho interno.
“Hablar de ‘romper relaciones’ va en contravía de los principios constitucionales y puede generar un choque innecesario entre instituciones que deben coordinarse.”
El incidente pone en entredicho la independencia del Banco de la República, una institución clave para la estabilidad económica del país, y abre un debate sobre los límites y responsabilidades del Gobierno frente a la entidad.