En una noche de sábado en un barrio exclusivo de Caracas, la ciudad parece recuperar su ritmo habitual: bares llenos, gente bien vestida, música y conversaciones animadas. Desde enero de 2026, tras la salida de Nicolás Maduro, la capital venezolana muestra signos de mayor seguridad y libertad, aunque la riqueza aún no ha llegado a la mayoría.
La destitución de Maduro por Estados Unidos generó grandes expectativas de crecimiento económico e inversión extranjera, pero la realidad en las calles es distinta. Los salarios siguen siendo insuficientes, el costo de vida es alto y muchas familias luchan por sobrevivir con ingresos mínimos.
“Trabajo desde las 3 a.m. hasta las 5 p.m., seis días a la semana, y no gano más de 300 dólares al mes, si tengo suerte. No comemos carne desde hace años, cuesta 12 dólares el kilo”, relata Oscar Alexander Ulloa, conductor de bus en Caracas.
Oscar y su esposa Nairobi, quienes emigraron durante años a Colombia y Ecuador, regresaron a Venezuela hace cuatro años con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, pero permanecen en Caracas enfrentando la dura realidad económica. Sus ingresos se destinan a comprar alimentos básicos y necesidades diarias.
Las protestas de trabajadores, estudiantes y jubilados exigiendo mejoras económicas son cada vez más comunes. Aunque la represión persiste, la presión sobre el gobierno se intensifica, algo impensable hace apenas 100 días.
“Han convertido a Venezuela en un estado comunista brutal. Matan y encarcelan sin motivo”, denuncia Luis Amundaraín, contable retirado y secretario general de un partido opositor.
Al otro lado de la ciudad, seguidores del oficialismo organizan marchas para mostrar apoyo al régimen. Betty Obayes, chavista de toda la vida, reconoce los errores económicos pero defiende la necesidad de Maduro para la estabilidad del país.
El contraste entre barrios como Petare, donde la pobreza persiste y los precios dolarizados dificultan la vida diaria, y zonas más acomodadas con bares y restaurantes abiertos, refleja una Caracas dividida. La ‘dolarización de facto’ y una leve mejora en la seguridad han atraído algo de inversión y turismo, pero aún faltan soluciones estructurales.
El subsidio gubernamental conocido como “bono de guerra” de 150 dólares mensuales sigue siendo esencial para muchos, mientras que otros pequeños negocios, como el puesto de empanadas de María Velázquez en Petare, luchan por sobrevivir con ingresos mínimos.
La incertidumbre política persiste: el gobierno de los hermanos Rodríguez mantiene el control, pero la oposición exige elecciones rápidas para atraer inversiones y consolidar la democracia. Washington prioriza la estabilidad económica, aunque el descontento social crece.
“Queremos que María Corina Machado regrese y se convoquen elecciones cuanto antes. La gente quiere dinero, pero mientras ellos estén aquí, el dinero no llegará”, afirma la madre de Valeria Matos, una joven de 14 años que enfrenta la falta de profesores y condiciones precarias en la escuela.
En medio de esta realidad, la población venezolana debate si es posible un cambio rápido o si deben priorizarse reformas económicas antes de las elecciones. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue marcada por la escasez, la inseguridad y la esperanza de un futuro mejor.
El flujo irregular de agua en barrios como Petare y el deterioro de la infraestructura contrastan con los pequeños indicios de recuperación en sectores más favorecidos. Uno de los últimos vestigios del madurismo desaparece lentamente: un cartel con la imagen de Maduro y su esposa que pide su regreso.