Un diagnóstico preocupante a días de las urnas
En vísperas de la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas: el 42% de los compromisos pactados en el acuerdo 'Elecciones en Paz' no se están cumpliendo. El informe, que monitoreó 318 hechos entre diciembre de 2025 y abril de 2026, revela que el nivel de cumplimiento general es apenas del 58,3%, una caída de 12,6 puntos respecto al periodo anterior.
Los puntos más críticos: lenguaje y desinformación
Dos de los nueve acuerdos registraron los niveles más bajos de cumplimiento: la promoción de un lenguaje constructivo (14,1%) y la garantía de difusión de información veraz (3,8%). La Defensoría advierte que el debate político se ha llenado de 'adjetivos descalificativos y etiquetas estigmatizantes', y que la desinformación y las 'fake news' son cada vez más frecuentes entre las candidaturas.
Estas prácticas discursivas causan que la competencia electoral sea presentada como una disputa existencial, en que los contrincantes aparecen como enemigos o peligros asociados al colapso institucional, la violencia o el autoritarismo.
Los que firman vs. los que no: una brecha que crece
El informe revela una marcada diferencia entre los candidatos que suscribieron el acuerdo y los que no. Quienes firmaron (Claudia López, Iván Cepeda, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra Macollins) mejoraron su cumplimiento al 86,4%. En contraste, los no firmantes, entre ellos los punteros Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, bajaron al 40,2%, pasando de un nivel medio a uno bajo de alineación.
Luces y sombras: lo que sí se cumple
A pesar del deterioro general, algunos principios democráticos se mantienen sólidos. El reconocimiento a la juventud alcanzó un 100% de cumplimiento, seguido de la defensa de la democracia (98,7%) y el acogimiento del diálogo (97,6%). También destacan el respeto a las instituciones (81,5%) y la defensa de la vida (79,9%).
Un llamado a la cordura en el cierre de campaña
La Defensoría hizo un llamado a todos los aspirantes a la Presidencia para que se abstengan de hacer 'señalamientos infundados' que afecten la honra y legitimidad de otras candidaturas. 'La combinación de un lenguaje de alta intensidad con acusaciones difamatorias afecta la calidad del debate público y contribuye a la desinformación', concluye el informe.