Más de dos décadas después de la masacre de Bojayá, el Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad por no haber protegido a la población civil frente a la tragedia que marcó para siempre la historia del país. El acto de reconocimiento y excusas públicas se realizó en Bellavista, antiguo casco urbano del municipio, escenario donde el 2 de mayo de 2002 un cilindro bomba lanzado por las entonces Farc acabó con la vida de decenas de personas que buscaban refugio en la iglesia, en medio de enfrentamientos con un grupo paramilitar.
Al acto asistieron más de 500 víctimas, líderes sociales, autoridades étnicas y representantes de la comunidad, junto con delegados del Ejército, la Armada, la Policía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), varios ministerios, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien encabezó el evento, la jornada buscó ratificar el compromiso del Estado con el reconocimiento de las víctimas, la preservación de la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.
El reconocimiento que no alcanza
Durante la ceremonia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que el reconocimiento de la responsabilidad estatal representa un paso importante, aunque insuficiente frente a la deuda histórica que aún persiste con las víctimas. Recordó que las alertas sobre el riesgo que enfrentaban las comunidades habían sido emitidas con anticipación por distintas entidades, pero nunca se tradujeron en acciones efectivas para protegerlas.
El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Dicho riesgo era previsible y fue advertido por el Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria insistió en que, aunque durante estos años se han adelantado medidas de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria y acciones de fortalecimiento institucional, el país continúa en mora con aspectos fundamentales como el esclarecimiento pleno de la verdad, el acceso efectivo a la justicia y las garantías de no repetición. A su juicio, esas siguen siendo tareas pendientes para responder a una de las peores tragedias del conflicto armado colombiano.
El impacto que no cesa
El impacto de la violencia, señaló la Defensoría, no terminó con la masacre. Las comunidades afrodescendientes e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando las consecuencias de un conflicto que ha mutado con los años y que sigue afectando su vida colectiva, sus procesos organizativos y sus formas de gobierno propio.
Uno de los mayores llamados estuvo dirigido a la protección de las nuevas generaciones. La defensora advirtió que niñas, niños y jóvenes siguen creciendo en un contexto donde persisten amenazas como el reclutamiento forzado y otras formas de violencia que comprometen su futuro.