Movilidad

Tribunal tumbó resolución del Sibus en Barranquilla por falta de estudios

El Tribunal Administrativo del Atlántico anuló la resolución que creó el Sibus en Barranquilla al considerar que se implementó sin los estudios técnicos y financieros exigidos por la ley.

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Foto: La voz del país

El Tribunal Administrativo del Atlántico dejó sin efectos la resolución mediante la cual el Área Metropolitana de Barranquilla creó el marco institucional para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte Público (Sibus), al considerar que el acto administrativo fue expedido sin cumplir requisitos técnicos y financieros exigidos por la legislación colombiana.

La decisión judicial anuló la Resolución Metropolitana 197 del 4 de octubre de 2021, que establecía las bases para desarrollar el sistema de recaudo centralizado, el control de flota y las plataformas tecnológicas destinadas al transporte público colectivo en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

Con este fallo, el Tribunal revocó la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2025 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, que había negado las pretensiones de la demanda presentada por las empresas transportadoras Trasalianco y Sobusa S.A.

El impacto en la movilidad de Barranquilla

El Sibus fue concebido como un sistema de recaudo centralizado y control de flota para modernizar el transporte público en la ciudad. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el Área Metropolitana no realizó los estudios previos exigidos por la Ley 1083 de 2006 y otras normas complementarias, lo que vicia de nulidad la resolución que le dio vida.

El acto administrativo fue expedido sin el lleno de los requisitos legales, en particular los estudios técnicos, financieros y de impacto que la ley exige para este tipo de sistemas integrados de transporte.

Reacciones y próximos pasos

El Área Metropolitana de Barranquilla anunció que evaluará las acciones jurídicas procedentes, incluyendo una posible apelación ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, las empresas transportadoras demandantes celebraron el fallo, argumentando que el sistema se había implementado sin consultar a los actores del sector y sin garantizar su viabilidad financiera.

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