Judicial

Exdirectivo de Yapurutú recibe condena de 16 años por caso de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General logró la condena de Francisco Javier Estupiñán Bravo a 16 años de prisión por su participación en un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, relacionado con contratos amañados que afectaron a comunidades indígenas de La Guajira.

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Foto: La voz del país

Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de la corporación Yapurutú, fue condenado a 16 años, siete meses y seis días de prisión tras negociar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia se da en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso está vinculado al exdirector de la Función Pública, César Manrique, actualmente prófugo de la justicia, quien habría gestionado la entrega irregular de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estos recursos fueron canalizados mediante contratos amañados a la corporación Yapurutú.

Estupiñán fue judicializado junto a otros implicados, entre ellos Édgar Echeverri, exrepresentante de la fundación, y varios familiares y asesores vinculados al entramado. Aunque aceptó cargos por peculado e interés indebido, rechazó acusaciones por falsedad documental, por las cuales la Fiscalía continúa el proceso.

El impacto en la comunidad indígena de La Guajira

La investigación reveló que Estupiñán intervino en la adjudicación de un contrato de proveeduría por 29.000 millones de pesos para el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Sin embargo, presentó documentos falsos que acreditaban la disponibilidad inmediata de los vehículos, basados en una alianza comercial inexistente.

Además, facilitó el desembolso de más de 24.000 millones de pesos cuando los carrotanques aún no estaban disponibles debido a la falta de ensamblaje. Esto generó sobrecostos que superaron los 11.000 millones de pesos, de los cuales más de 4.300 millones quedaron en manos de Yapurutú.

"La investigación evidenció la participación directa de Estupiñán en la adjudicación y ejecución irregular de contratos que afectaron a comunidades vulnerables, causando un detrimento patrimonial significativo", afirmó la Fiscalía.

Los fiscales Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño continuarán con el proceso judicial presentando acusaciones adicionales contra Estupiñán por los cargos que no aceptó, en un caso que sigue siendo investigado para esclarecer todas las responsabilidades.

La voz del país

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