Un nuevo choque entre el Ejecutivo y la Rama Judicial
El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un enfrentamiento con la Rama Judicial al cuestionar públicamente a sectores de la Corte Suprema de Justicia por el debate en torno al proyecto de ley de la jurisdicción agraria. Sin embargo, varias de sus afirmaciones no corresponden a lo que realmente ocurrió en el Congreso ni a la postura expresada por el alto tribunal.
¿Qué dijo Petro y qué pasó realmente?
La controversia comenzó luego de la intervención de magistrados de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema durante la discusión del articulado de la reforma agraria en la Cámara de Representantes, particularmente sobre el polémico artículo 9, que define las competencias de los tribunales agrarios y rurales.
Petro aseguró en X que existía una “sentencia contra la reforma agraria” y afirmó que sectores de la Corte estaban “aniquilando” la acción administrativa sobre los baldíos de la Nación. Incluso habló de un supuesto incumplimiento del Acuerdo de Paz.
“Lo que han hecho quienes han participado de esta sentencia contra la reforma agraria (...) es la declaratoria del incumplimiento del acuerdo de paz”
Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que nunca profirió una sentencia sobre ese tema. Lo que ocurrió fue una intervención técnica durante el debate legislativo, en la que expresó preocupaciones jurídicas frente al alcance de las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La postura de la Corte Suprema
En un comunicado, la Corte Suprema precisó que “la adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte”. El alto tribunal explicó que los procedimientos relacionados con recuperación de baldíos, revocatorias de adjudicación o reversión de tierras no pueden entenderse únicamente como actuaciones administrativas, porque afectan derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
Por eso, la Corte sostuvo que esos procesos requieren “un control judicial pleno, oportuno y especializado” y expresó preocupación porque el proyecto deje la intervención de los jueces agrarios solo para escenarios excepcionales.
El fondo de la discusión: ¿quién decide sobre la tierra?
La discusión, en el fondo, gira alrededor de quién debe tener la última palabra en los conflictos de tierras: si una autoridad administrativa como la ANT o jueces especializados. El Gobierno defiende que la ANT tenga mayores facultades administrativas para acelerar la recuperación de baldíos ocupados ilegalmente y avanzar en la reforma agraria prometida en el Acuerdo de Paz.
La oposición, en cambio, sostiene que entregar ese poder a una entidad administrativa podría afectar garantías del debido proceso y la seguridad jurídica de la propiedad privada. Sectores críticos insisten en que únicamente los jueces deben resolver este tipo de controversias.
La reacción de Petro y el llamado a movilizarse
En medio del debate, Petro también volvió a mencionar la idea de un “poder constituyente” y convocó a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a movilizarse “por la tierra y el cumplimiento de la Constitución”. La Corte, por su parte, insistió en que sus observaciones buscan proteger principios constitucionales como el juez natural, el debido proceso y la seguridad jurídica, y no bloquear la reforma agraria.