El caso de Kevin Acosta conmueve al país por fallas en el sistema de salud
Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años con hemofilia, murió en Bogotá tras un accidente en bicicleta. Sin embargo, su fallecimiento ha generado indignación porque llevaba dos meses sin recibir el medicamento esencial que necesitaba, suministrado por la Nueva EPS, la cual está intervenida por el Gobierno desde hace casi dos años.
Expertos aseguran que la falta de tratamiento pudo haber cambiado el desenlace del accidente. La familia de Kevin rechazó las declaraciones oficiales que intentan minimizar la crisis de medicamentos que afecta a todo el sistema de salud, especialmente a las EPS intervenidas.
Autoridades y organismos de control cuestionan la responsabilidad del Gobierno
El procurador general, Gregorio Eljach, criticó las expresiones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificándolas de frías e indignantes para la ciudadanía. Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que la intervención de las EPS debe asumir responsabilidades y que la muerte de Kevin debería ser un punto de inflexión para corregir fallas en el sistema.
“La muerte del niño —reciente y dolorosa— debería ser un punto de inflexión para revisar si el servicio se ha venido prestando como debe ser.” — Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General
Fiscalía recopila evidencias y esperará informe de necropsia para avanzar
El Instituto Nacional de Medicina Legal entregará próximamente el informe de necropsia, que será clave para que la Fiscalía determine si inicia una investigación penal formal y si se individualizan responsabilidades. Investigadores ya han entrevistado a la madre de Kevin y otros testigos para reconstruir la ruta de atención.
Simultáneamente, la Procuraduría General analiza posibles negligencias y la filtración de la historia clínica del menor, un hecho inédito que involucra a funcionarios que compartieron información médica confidencial sin autorización.
Expertos legales advierten sobre posibles consecuencias penales y civiles
Abogados consultados explicaron que quienes omitieron el suministro del medicamento podrían enfrentar cargos por homicidio por omisión, dependiendo de si hubo dolo o culpa. Además, la divulgación pública de la historia clínica sin autorización podría acarrear sanciones penales y civiles por violación de datos personales.
“Acceder a esa información o divulgarla sin autorización constituye una grave vulneración a la reserva y a la garantía de confidencialidad.” — Jesús Albrey González, presidente Colegio de Abogados en Derecho Médico
Moción de censura contra ministro de Salud y presión política crecen
En el Congreso, la representante Jennifer Pedraza presentó una moción de censura contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien además enfrenta una denuncia por incumplimiento de órdenes judiciales en el sector salud. La crisis que rodea a la Nueva EPS y la muerte de Kevin Acosta han generado un fuerte debate sobre la gestión del Gobierno en salud.
La atención nacional está puesta en cómo avanzarán las investigaciones y qué medidas adoptará el Ejecutivo para evitar que tragedias similares se repitan.