El pulso jurídico e institucional entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud tuvo un giro en los estrados. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí ordenó la suspensión provisional de la auditoría que adelantaba la Supersalud a la licorera, al admitir una medida cautelar solicitada por la compañía.
El despacho judicial argumentó que la determinación tiene un carácter estrictamente preventivo, orientado a evitar un “riesgo cierto e inminente” de afectación a las garantías fundamentales antes de que se emita un fallo definitivo. Con esto, la diligencia de inspección quedará congelada a la espera de que la justicia constitucional resuelva la acción de tutela instaurada por la FLA, la cual alega que la Superintendencia sobrepasó sus facultades legales.
La controversia técnica: reserva industrial vs. facultades de vigilancia
De acuerdo con lo reportado por el diario El Colombiano, la FLA advirtió que la entidad de vigilancia exigió datos que se encuentran protegidos por la reserva industrial, financiera y comercial. A esto se suma que, según el gerente de la empresa, Esteban Ramos Maya, se solicitaron soportes que no existen en la estructura administrativa de la organización, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor.
Para la licorera departamental, los cuestionarios enfocados en temas de gobierno corporativo, asuntos contractuales y financieros no tienen relación directa con el objetivo de la vigilancia, que es supervisar los recursos del monopolio rentístico de los licores destinados al sistema de salud.
Tensiones políticas detrás de la auditoría
Antes de acudir a la tutela, la FLA había recusado formalmente a Daniel Quintero, actual director de la Supersalud, y a Juan David Duque, superintendente delegado, argumentando circunstancias que ponían en duda su imparcialidad. La empresa expuso que existe una evidente confrontación política entre Quintero y el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
El conflicto específico con Duque obedece a su pasado reciente en Medellín. El funcionario fue secretario privado durante la alcaldía de Quintero y terminó destituido en 2023 tras una moción de censura en el Concejo Distrital, motivada por presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor de la administración. Dicha moción fue liderada por el entonces concejal Alfredo Ramos, hermano del hoy gerente de la FLA.
El que las hace cree que el resto del mundo las hace
Como la Superintendencia rechazó las recusaciones, la FLA interpuso la tutela. Sin embargo, el ambiente ya se había caldeado a principios de mes, cuando la Supersalud presentó denuncias penales contra las directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar el desarrollo de la auditoría iniciada el pasado 26 de junio. Quintero señaló en ese momento que el equipo auditor no recibió la documentación y anunció acciones ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. La FLA, por su parte, desmintió haber impedido el ingreso o la revisión, aclarando que la entrega de la información se detuvo temporalmente hasta que se resolvieran los recursos contra los funcionarios.
Gobernación de Antioquia respalda a la FLA
Desde la Gobernación de Antioquia cerraron filas en torno a la licorera. Martha Patricia Correa, secretaria general del departamento, respaldó la medida cautelar que frena el procedimiento. “El departamento de Antioquia celebra la decisión de la juez primera del circuito de Itagüí, donde se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la Fábrica de Licores de Antioquia en relación con la auditoría que viene desarrollando la Superintendencia Nacional de Salud”, señaló la vocera.
Correa añadió que esta suspensión preventiva “demuestra que la justicia actúa con autonomía e independencia, protegiendo los derechos de la administración pública”. Finalmente, la secretaria general reiteró la posición del gobierno departamental al afirmar que las diligencias de la entidad nacional “excedieron sus competencias” y de esa manera se vulneró el debido proceso.