La Fiscalía General de la Nación propinó un duro golpe a una organización delincuencial señalada de cobrar por servicios de reciclaje en Boyacá que nunca se concretaron o no cumplían con los requisitos legales. En un operativo realizado en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, fueron capturadas tres personas que habrían entregado información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para recibir millonarias remuneraciones tarifarias.
Las maniobras fraudulentas
Los detenidos son Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Según la Fiscalía, estas personas se articularon para reportar cantidades falsas de material reciclable recolectado y clasificado, sin contar con bodegas operativas ni el personal necesario para cumplir con la labor.
Estas personas se habrían articulado para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado. Las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor.
Inclusión de nombres de habitantes de calle
Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, explicó que en sus informes, las empresas al parecer aportaron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Esos documentos fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia, lo que permitió que en dos años recibieran 6.829 millones de pesos por la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento.
El destino del dinero y los cargos imputados
La Fiscalía encontró que los integrantes de la red utilizaron el dinero recibido para comprar carros de alta gama e inmuebles. Además, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dian, simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.
La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Boyacá, quien imputó a los tres capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio.