La Gobernación del Atlántico lideró una ofensiva contra el fraude y robo de agua potable, logrando recuperar más de un millón de litros en lo corrido del año mediante más de 120 intervenciones en zonas rurales del departamento.
Este operativo articulado con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía y la empresa Aqualia desmanteló redes clandestinas que desviaban el agua hacia actividades agroindustriales y ganaderas, afectando la salud y calidad de vida de las comunidades vulnerables del sur y la zona oriental.
Impacto en las redes de acueducto rural
Las 120 conexiones ilegales detectadas evidencian un problema estructural de robo de agua por parte de grandes propietarios rurales. En Luruaco, por ejemplo, 27 derivaciones ilícitas en solo 8 kilómetros redujeron el bombeo de agua de 22 a 5 litros por segundo, afectando gravemente al corregimiento de Santa Cruz.
En Manatí, 33 conexiones ilegales en fincas privadas sustraen cerca de 1.500 metros cúbicos diarios, causando pérdidas económicas estimadas en 2.000 millones de pesos y perjuicios a más de 40.000 habitantes que sufren bajas presiones e intermitencias en el servicio.
Inversión pública amenazada por el aprovechamiento ilícito
Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, recordó que el departamento ha invertido más de 1,3 billones de pesos para garantizar el acceso universal al agua potable, pero estas inversiones se ven comprometidas cuando el recurso es robado para fines lucrativos.
El coordinador operativo de Aqualia, Julián Pacheco, advirtió que las manipulaciones ilegales en las tuberías afectan la calidad del agua y la presión del sistema, obligando a racionamientos técnicos que perjudican a zonas alejadas y elevadas.
Judicialización y continuidad de los operativos
El secretario del Interior, José Antonio Luque, confirmó la presentación de 36 denuncias penales contra los presuntos responsables, buscando sentar un precedente legal en el departamento.
La Gobernación enfatizó que no habrá tolerancia con el uso irregular del agua potable para actividades agropecuarias mientras existan familias sin acceso al recurso. Se mantendrán operativos de vigilancia permanente con tecnología para detectar fugas y manipulaciones.
“El robo no se le hace a una empresa o a la Gobernación, sino a los ciudadanos que dependen del líquido vital para sus necesidades básicas.” – Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico
La administración departamental hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier manipulación sospechosa, con el objetivo de consolidar un sistema de vigilancia que garantice un servicio continuo, legal y de alta calidad para todos los hogares del Atlántico.