Un nuevo escalamiento de la violencia en el Guaviare
A cuatro horas de San José del Guaviare, en las veredas Barranco Colorado y Charras, enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y las de ‘Calarcá’ —este último con cupo en la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro— habrían dejado al menos 50 personas muertas. Esta misma cifra manejan altas fuentes de organismos humanitarios.
De acuerdo con autoridades locales, producto de las hostilidades, 10 familias —compuestas por alrededor de 50 personas— huyeron desplazadas de sus territorios. Entre ellas, miembros de la comunidad indígena Jiw desplazados de Mapiripán, Meta.
La disputa territorial que no cesa
Este hecho representa un nuevo escalamiento de la crisis de orden público en una región sumida en la disputa territorial entre ambas facciones. Una guerra que, en enero pasado, dejó un saldo de 26 disidentes de ‘Mordisco’ asesinados, según Inteligencia, por hombres de ‘Calarcá’ en la vereda La Paz, en el municipio de El Retorno. La gran mayoría, con tiros de gracia.
“Los reúnen y les quitan el armamento, municiones, explosivos, material de intendencia, radios, documentos y hasta comida. Luego los matan. Por eso presentan disparos a corta distancia”, se lee en el informe de Inteligencia en el que se reveló que ‘Calarcá’ lideró la emboscada gracias a la infiltración de alias ‘Korea’, a quien le habría pagado 500 millones de pesos para traicionar a ‘Mordisco’.
Antecedentes de una región en llamas
En julio de 2025, los líderes religiosos Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón fueron secuestrados, asesinados e inhumados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar. El crimen fue atribuido a las disidencias de ‘Mordisco’, que los asesinaron a sangre fría acusándolos de ser infiltrados de un grupo rival.
No solo están enfrentados con ‘Calarcá’, sino que temen una incursión de la guerrilla del Eln, lo que pondría en riesgo su control ilegal sobre la coca y la minería de oro y coltán.
La justicia armada y el impacto en la población
Este ha sido el caldeado panorama del último año, que ha convertido al Guaviare en uno de los principales polvorines de la disputa territorial entre grupos armados en el país, con las consecuentes violaciones a los derechos humanos de la población, sometida a homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos y a la gobernanza criminal de estos actores, que imponen toques de queda y hasta carnetizan a las comunidades.
La última masacre, reportado por Inteligencia este miércoles 27 de mayo, con al menos medio centenar de muertos, es la de peor saldo. Y ocurre justo a cuatro días de la primera vuelta presidencial, lo que, para investigadoras como Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, podría limitar el derecho al voto.
“Además, mayores disputas pueden ser muy complejas para la gente cuando sale a votar, en medio de restricciones y desplazamientos forzados”, dice Bonilla.
Para el experto en seguridad Hugo Acero, sin embargo, estos enfrentamientos no tienen origen en las elecciones, sino en el control de los negocios ilegales. “Ahora, el Gobierno no tiene nada que mostrar y la paz total fracasó, especialmente con Calarcá. El Gobierno quiere mantener unas negociaciones sin ningún avance y se le está dejando actuar a Calarcá con plena impunidad y margen para delinquir”, agrega.
Se presume la muerte de 'Negro primo'
De acuerdo con información de Inteligencia, en el enfrentamiento habría sido asesinado alias ‘Negro Primo’, uno de los cabecillas de la estructura ‘Carolina Ramírez’. También se tiene información de que alias ‘Pescado’, jefe criminal del Bloque Amazonas de las disidencias de ‘Mordisco’, estaría herido.
Inteligencia señala que ‘Negro Primo’ comenzó su trayectoria criminal en 2017 dentro del grupo armado y permaneció como combatiente raso entre 2018 y 2021. Entre 2022 y 2023 pasó a ocupar un rol de mando medio y, en 2024, asumió como cabecilla de finanzas de la organización. Para 2025 ya figuraba como el segundo al mando de la estructura ‘Carolina Ramírez’, una disidencia señalada por las autoridades de controlar corredores estratégicos del narcotráfico, las extorsiones y otras economías ilegales.
Según el documento, su salida representa la “pérdida de un mando con experiencia” y afecta la capacidad de reorganización del grupo armado, especialmente en el manejo de recursos y el control interno.
Entidades como la Defensoría del Pueblo están verificando la información para establecer el balance humanitario.