El informe revela un panorama crítico en las finanzas de las EPS
El centro de pensamiento 'Así Vamos en Salud' presentó este 2 de julio de 2026 en Bogotá un nuevo informe financiero que advierte sobre la profundización de la crisis en las Entidades Promotoras de Salud (EPS). A través de la evaluación de datos del primer trimestre de 2026 y de los reportes de la Circular Conjunta No. 30 de 2013 con corte a diciembre de 2025, el documento evidencia un incremento sustancial en la cartera vencida, el patrimonio negativo y una presión crítica sobre la liquidez de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), hospitales y proveedores médicos. Esta situación obedece a un desbalance estructural donde los costos médicos superan los ingresos y los tiempos de pago acumulados sobrepasan los límites sostenibles para la operación del servicio regulado.
Altos niveles de morosidad en las cuentas por pagar
Las EPS registraron cuentas por pagar que ascienden a un total de 41,5 billones de pesos. De este monto, 38,4 billones corresponden a obligaciones financieras con una antigüedad superior a los 60 días, lo que representa que el 92,6% de la cartera total acumulada se encuentra formalmente en estado de mora. Esta interrupción en el flujo regular de recursos restringe la capacidad de maniobra de clínicas y hospitales, limitando la disponibilidad de capital de trabajo para cubrir costos fijos, adquirir insumos médicos y sostener la atención ordinaria a los usuarios.
Situación crítica de las EPS bajo medidas de intervención
El análisis detalla que el escenario de mayor complejidad se concentra en las EPS que actualmente se encuentran intervenidas por el Estado. Estas entidades acumulan una cartera total de 27,3 billones de pesos, de los cuales el 97,6% (26,6 billones) presenta un retraso mayor a 60 días. Paralelamente, el informe subraya el alcance social de la coyuntura: cerca de 23,1 millones de personas —equivalentes al 46% del total de los afiliados del sistema nacional de salud— están vinculadas a una EPS sujeta a medidas especiales de intervención, vigilancia o recuperación, lo que compromete de manera directa a casi la mitad de la población del país.
Concentración de la deuda y deterioro patrimonial
El patrimonio neto global del conjunto de las EPS cayó a -18,22 billones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que ratifica que los pasivos generales de las aseguradoras superan ampliamente sus activos institucionales. El estudio identifica que cinco EPS en particular (Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud) concentran el 74% del patrimonio negativo bruto del sector. Asimismo, las señales de alerta se extendieron a las EPS que no están intervenidas. Este grupo de entidades pasó de registrar un patrimonio agregado positivo de 0,98 billones de pesos en el año 2022 a un balance deficitario de -5,33 billones de pesos en los primeros tres meses de 2026, demostrando que el descalce patrimonial es un fenómeno generalizado.
Índices de siniestralidad y opacidad en los reportes
La siniestralidad global del sistema de aseguramiento alcanzó un promedio del 105,6%, la cifra más alta registrada en el periodo objeto de estudio. Este indicador determina que por cada 100 pesos percibidos por concepto de ingresos, las entidades debieron destinar 105,6 pesos para sufragar costos médicos esenciales y gastos de administración. En las EPS bajo régimen de medidas especiales de la Superintendencia, este indicador se elevó hasta el 117,8%. Por otra parte, el centro de pensamiento reportó que la Nueva EPS no ha remitido su información financiera oficial a la Superintendencia Nacional de Salud desde el año 2024, razón por la cual no es factible determinar ni evaluar de forma certera su situación financiera actual mediante las plataformas estatales de control.
Llamado urgente a medidas estatales
Ante este panorama, 'Así Vamos en Salud' urgió la adopción de medidas estatales orientadas a optimizar los procesos de conciliación, acelerar el saneamiento de las carteras y elevar la transparencia en la calidad de la información pública para mitigar el impacto operativo en la red de prestadores del país.