La intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico, ejecutada el lunes por la Superintendencia del Subsidio Familiar, no solo marca un nuevo capítulo para esa caja de compensación, sino que reaviva el debate sobre el alcance de las facultades del organismo de control y las garantías jurídicas que deben rodear este tipo de decisiones.
La advertencia del gremio
Asocajas, el gremio que agrupa a las cajas de compensación familiar del país, lanzó un mensaje de preocupación este martes. Según la entidad, la medida se adopta en un momento de alta incertidumbre jurídica, ya que la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que regulan las intervenciones administrativas, aunque mantuvo temporalmente sus efectos hasta junio de 2027 para que el Congreso expida una nueva regulación.
La medida genera preocupación porque se adopta en medio de una incertidumbre jurídica que puede profundizar la intervención estatal sobre el sistema.
El debate se centra ahora en si la Superintendencia está actuando dentro de sus límites legales o si, por el contrario, está excediendo sus competencias en un vacío normativo que el Congreso debe resolver antes de 2027.