Un anuncio que reabre heridas del posconflicto
“A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”. Con estas palabras, el presidente electo Abelardo de la Esprilla retomó sus críticas al Acuerdo de Paz y a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal creado para juzgar crímenes de las Farc y agentes del Estado. Durante su mensaje del lunes, incluso sugirió que Rodrigo Londoño, 'Timochenko', máximo jefe de la extinta guerrilla, “debería estar preso de por vida” y que trabajaría para lograrlo.
Los cimientos jurídicos que blindan a la JEP
El andamiaje legal de la JEP está sostenido por el Acto Legislativo 02 de 2017 y la sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la norma. Allí se establece que el Acuerdo Final es una política de Estado con vigencia hasta 2030. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, recuerda que sobre estos puntos “opera la figura de la cosa juzgada constitucional”, lo que representa un obstáculo para cualquier reforma que pretenda desmontar el sistema.
Voces expertas: un debate ya superado
Gabriel Cifuentes, analista y columnista de EL TIEMPO, sostiene que “no depende de la voluntad del presidente revertir una estructura jurídica aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional”. Añade que un cambio de esa naturaleza dejaría en el limbo los avances en verdad y que “la gente no está pensando en las Farc ni en el Acuerdo de Paz de 2016, sino en los nuevos retos en materia de seguridad”. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe afirmó en marzo que “la impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo”, pero reconoció que “nuestras críticas no son para que los encarcelen, eso está hecho”.
El riesgo de un desgaste político innecesario
Para el analista Pedro Medellín, aunque votó por el ‘no’ en el plebiscito, “el Acuerdo de Paz es un compromiso que el Estado colombiano suscribió en el marco de una negociación política”. Advierte que la JEP fue partícipe de un sistema donde los derechos de los victimarios estuvieron por encima de los de las víctimas, pero insiste en que “hay unos compromisos que se deben respetar”. Cifuentes coincide en que tramitar un acto legislativo para modificar la JEP implicaría “un desgaste político innecesario, con el riesgo de que la comunidad internacional y la Corte Constitucional encuentren obstáculos”.
La prórroga de la JEP: otro frente de debate
El debate también se ha centrado en la posible prórroga de la JEP más allá de 2030. El Departamento Nacional de Planeación planteó en 2024 la necesidad de ampliar el horizonte hasta 2038 para cumplir con los rezagos del Acuerdo. Sin embargo, sectores políticos, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, han advertido que sería inconveniente. De la Espriella ya confirmó cambios en la política de ‘paz total’, lo que añade incertidumbre al futuro de la justicia transicional en Colombia.