El futuro del concurso público y abierto para proveer notarías en Colombia volvió a quedar en entredicho este lunes luego de la reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en la que se discutieron las dificultades jurídicas, operativas y presupuestales que enfrenta actualmente el proceso.
Asistentes y temas clave de la reunión
Al encuentro asistió el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, y del Consejo de Estado, Alberto Montaña, el procurador general, Gregorio Eljach, y dos notarios elegidos en representación del gremio. El superintendente de Notariado y Registro participa con voz, pero sin voto.
Según conoció EL TIEMPO, durante la sesión se estudiaron las enormes dificultades que rodean el concurso y se comenzaron a explorar alternativas para revisar una eventual reconfiguración del proceso, así como el impacto presupuestal que tendría continuar con el cronograma vigente.
Incertidumbre por decisiones judiciales
Fuentes cercanas a la discusión señalaron que el debate se concentró en revisar integralmente la situación actual del concurso, suspendido durante siete meses y ahora envuelto en nuevos cuestionamientos por la Contraloría y Procuraduría. La incertidumbre crece además por eventuales decisiones del Consejo de Estado que podrían afectar la continuidad del proceso.
El concurso busca designar 329 notarios en propiedad en diferentes regiones del país. Actualmente, 591 notarías cuentan con titulares en propiedad. Sin embargo, 30 permanecen bajo la modalidad de encargo y otras 299 en interinidad, situación que ha mantenido represada la provisión definitiva de cargos.
Universidad Libre insiste en terminar el contrato
Entre tanto, la Universidad Libre radicó ante la Superintendencia de Notariado y Registro una solicitud formal para terminar de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 2189 de 2025, argumentando que los cambios posteriores en el cronograma alteraron de manera “grave, sustancial e imprevisible” las condiciones económicas bajo las cuales estructuró su propuesta.
En el documento, la institución sostiene que la ampliación del proceso hasta julio de 2027 incrementó cerca de un 88 % el tiempo inicialmente previsto para la ejecución contractual, obligándola —según afirma— a asumir costos no presupuestados de nómina, infraestructura tecnológica, garantías y logística. Además, la Universidad cuestionó la incorporación de nuevas actividades relacionadas con jornadas de acceso presencial al material de pruebas y entrevistas, las cuales no habrían sido contempladas en la oferta inicial.
Redacción Justicia