Un operativo sin precedentes para enfrentar la emergencia invernal ha llevado al gobierno de Gustavo Petro a emitir 18 decretos bajo la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha señalado graves vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de estos decretos.
La alerta pública se centra en el Decreto 0150 de 2026 y sus normativas derivadas, que buscan atender la ola invernal en varios departamentos del país. La Contraloría advirtió que algunos contenidos de los decretos no cumplen con la Ley 1523 de 2012, que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El órgano de control enfatizó los riesgos de la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, que podría afectar la financiación y continuidad de programas vigentes. Por ello, solicitó que estas decisiones se adopten con rigor jurídico y técnico.
- Establecer mecanismos claros para el reembolso de recursos trasladados temporalmente desde otros sectores.
- Revisar el traslado de fondos del sector eléctrico a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dado que esta entidad no cuenta con la estructura para gestionar obras complejas.
- Evitar ampliar facultades contractuales o crear nuevos impuestos sin fortalecer la capacidad de gestión de las entidades ejecutoras.
- Precaución ante modificaciones unilaterales en la operación de embalses hidroeléctricos que podrían afectar el sector energético.
- Fortalecer la focalización y verificación en la asignación de apoyos para evitar errores y duplicidades.
- Garantizar el recaudo oportuno y uso exclusivo de hasta $8,68 billones provenientes de nuevos impuestos para atender la emergencia.
- Incrementar la capacidad operativa de la DIAN y los controles sobre impuestos al patrimonio y juegos de azar en línea.
La Contraloría también informó que solicitará al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otros ministerios los soportes que justifican la necesidad de recaudar los mencionados recursos, así como los criterios para su distribución entre entidades y sectores afectados.
El país está en mora de aplicar bien todos los mecanismos de prevención y atención de desastres previstos en la normatividad vigente, y la Contraloría continuará ejerciendo vigilancia preventiva para salvaguardar el patrimonio público.
El gobierno, por su parte, ha asegurado que el proceso será gradual durante cinco años y que los recursos se destinarán exclusivamente para atender las afectaciones causadas por la emergencia invernal en los ocho departamentos declarados en emergencia.