Un operativo sin precedentes: el 'tarimazo' en La Alpujarra
En junio del año pasado, en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, se instaló una negociación histórica entre el Gobierno y las bandas criminales más violentas de Medellín y el Valle de Aburrá, herederas de ‘Don Berna’ y la ‘Oficina de Envigado’. La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, fue designada vocera de este proceso que incluyó permisos, traslados y una exhibición pública con la presencia del presidente Gustavo Petro y ministros en La Alpujarra.
Esta iniciativa, conocida como el ‘tarimazo’, despertó una fuerte polémica debido a que las bandas involucradas no tienen vocación política sino un claro perfil narcotraficante y delictivo.
La Fiscalía levanta órdenes de captura a 23 capos
Nueve meses después, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas que participaron en esta mesa de diálogo. Entre ellos se encuentran alias Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, El Indio, El Tigre, El Saya, Albert y Juan 23, todos con antecedentes por concierto para delinquir, homicidio y narcotráfico.
Estos líderes criminales cuentan con extensos antecedentes y varios están próximos a cumplir o ya superaron ocho años de prisión, lo que podría facilitar su liberación bajo los parámetros del proyecto de ‘paz total’ que contempla penas de cinco a ocho años.
Argumentos legales y condiciones de la suspensión
La decisión se fundamenta en la Ley de Paz Total de 2022 y en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que establecen los lineamientos para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales. La suspensión de órdenes de captura aplica únicamente para actividades relacionadas con la mesa de diálogo en municipios del Valle de Aburrá y Bogotá.
La Fiscalía aclaró que esta medida no cubre delitos en flagrancia ni crímenes de lesa humanidad, respondiendo a críticas surgidas tras operativos militares contra disidentes de las Farc.
Reacciones políticas y sociales ante la medida
La decisión ha generado rechazo en diversos sectores. El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo expresó su preocupación por que la ‘paz total’ no se convierta en una estrategia electoral basada en el miedo. El concejal Andrés Tobón calificó la medida como parte de una estrategia política, mientras que el exministro Daniel Palacios denunció una supuesta complicidad del Gobierno con estructuras criminales.
La expectativa ahora está en si la Fiscalía reactivará las órdenes contra alias Calarcá, disidente de las Farc y también involucrado en negociaciones de paz pero acusado de continuar con actividades delictivas.