Preocupación por el futuro de las políticas de igualdad
La Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud ante la liquidación del Ministerio de la Igualdad, al considerar que la medida podría afectar gravemente las políticas públicas destinadas a mujeres, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y minorías étnicas. La advertencia se produce luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, que ordena la liquidación de la entidad tras el plazo fijado por la Corte Constitucional para subsanar los vicios presupuestales de la Ley que la creó.
Incertidumbre sobre el traslado de funciones
El organismo de control señaló que persiste una alta incertidumbre sobre cómo se trasladarán las funciones del Ministerio, que había asumido tareas de equidad y reducción de brechas que antes estaban en cabeza de otras entidades, como la Alta Consejería para las Regiones. El decreto establece que las funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de 'costo cero', sin garantías claras sobre presupuesto, capacidades técnicas o coordinación institucional.
Esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas y la pérdida de capacidades estatales construidas para enfrentar desigualdades estructurales.
Riesgos para fondos estratégicos y documentos Conpes
La Defensoría también expresó preocupación por la incertidumbre sobre la entidad que asumirá las funciones del Viceministerio de las Mujeres, especialmente en la prevención y atención de violencias basadas en género. Además, advirtió sobre el riesgo que enfrentan fondos como 'No es Hora de Callar', 'Todos Somos PAZcífico' y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, así como varios documentos Conpes sobre equidad de género, economía del cuidado y garantía de derechos para personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
Llamado a una transición ordenada
El organismo recordó que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA instó al Estado colombiano a preservar la institucionalidad de género. Frente a este panorama, la Defensoría pidió al Gobierno adoptar y publicar una ruta integral de transición que precise funciones, entidades responsables, recursos y mecanismos para garantizar la continuidad de los programas y fondos. Asimismo, solicitó asegurar que el Ministerio del Interior, Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y demás entidades adopten medidas para evitar retrocesos y preservar los equipos técnicos especializados.
Finalmente, la Defensoría sostuvo que una transición ordenada es necesaria no solo para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables, sino también para facilitar el empalme con el próximo gobierno, que deberá garantizar la continuidad de las medidas orientadas a reducir las brechas de desigualdad, independientemente del diseño institucional que se adopte.