El verdadero cuello de botella de la movilidad eléctrica en Colombia ya no está en los vehículos, sino en la infraestructura que debe mantenerlos en movimiento. Mientras las ventas de carros eléctricos e híbridos crecen a tasas históricas (211% y 23,2% anual al cierre de julio, respectivamente), los conductores enfrentan cada vez más el desafío de encontrar una red de carga suficiente, rápida y confiable.
El parque automotor avanza mucho más rápido que la infraestructura disponible, y cerrar esa brecha se ha convertido en la nueva prioridad del sector. Empresas de energía, operadores de infraestructura, fabricantes de vehículos, distribuidores de combustibles y desarrolladores tecnológicos aceleran inversiones para desplegar cientos de nuevos puntos de carga.
La meta: 20.000 puntos públicos de carga
Según estimaciones del sector, el país necesitará cerca de 20.000 puntos públicos de carga hacia 2030, una expansión que demandará inversiones entre 255 millones y 390 millones de dólares. Esta infraestructura es clave para sostener el crecimiento de la movilidad eléctrica y evitar que la falta de puntos de carga se convierta en el principal obstáculo para la siguiente etapa de esta transformación.
El rol del Gobierno y las empresas
El Gobierno redefine las reglas del juego para facilitar esas inversiones y preparar al sistema eléctrico para una transformación que apenas comienza. Las empresas, por su parte, ven un mercado con alto potencial y buscan posicionarse en la nueva carrera por la infraestructura de carga.
El objetivo es evitar que la falta de infraestructura termine convirtiéndose en el principal obstáculo para la siguiente etapa de la movilidad eléctrica en Colombia.