La reforma agraria, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en el centro de una nueva controversia. Esta semana, la Contraloría General de la República entregó al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella un informe de empalme que revela que la administración saliente no cumplió con las metas de entrega de tierras a campesinos. Según el órgano de control, a través del Fondo de Tierras solo se habrían formalizado 351.463,41 hectáreas, de las 1,5 millones prometidas, lo que representa un avance del 7%.
Las cifras que encienden la polémica
- La Contraloría reporta que solo 98.148 hectáreas cuentan con registro pleno ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, es decir, el 7% de la meta.
- Otras 47.041,73 hectáreas están pendientes de registro y 206.273,57 fueron entregadas de manera provisional a campesinos.
- La ANT, por su parte, asegura que si se suman las entregas provisionales y los trámites en curso, la gestión institucional alcanzaría el 23,4% de la meta.
Restrepo arremete contra la 'reforma agraria falsa'
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, no dudó en calificar la reforma agraria del gobierno Petro como 'falsa'. Según Restrepo, la meta de entrega de tierras solo habría llegado al 18%, y además, la tierra entregada carecería de seguridad jurídica para 45.500 familias, pues no cuentan con títulos formales. Estas declaraciones se basan en los insumos entregados por la Contraloría al cierre de las 62 mesas técnicas de empalme.
“Las víctimas de El Aro no mienten. Las víctimas de Bellacruz no mienten. Tampoco mienten las familias campesinas de Córdoba, los Llanos del Yarí y de tantos territorios que durante décadas esperaron una respuesta del Estado y que hoy accedieron a la tierra para producir alimentos”.
Felipe Harman, director saliente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), respondió con firmeza a las acusaciones. Harman aseguró que los resultados de su gestión son 'verificables' y están respaldados por miles de familias campesinas, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. En sus declaraciones, destacó que se entregaron 382.000 hectáreas, de las cuales 99.000 ya cuentan con título de propiedad definitivo, una cifra 7,3 veces mayor a la del gobierno de Iván Duque.
Un informe de empalme que deja dudas
El informe de empalme de la propia ANT, entregado al gobierno De La Espriella, también revela falencias. En materia de formalización de pequeña y mediana propiedad rural, se alcanzaron 2’366.187 hectáreas, equivalentes al 39% de la meta del cuatrienio. Además, se expidieron 14.645 títulos individuales, lo que representa solo el 11% de lo proyectado.
A esto se suma un informe de la Contraloría sobre la vigencia 2025, que determinó graves deficiencias en el manejo de los recursos de la ANT. La entidad habría desembolsado casi un billón de pesos por 537 predios adquiridos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero solo tres quedaron registrados a nombre de la Nación.
El impacto en la comunidad
Más allá de las cifras y las acusaciones, la polémica pone en evidencia la complejidad de la reforma agraria en Colombia. Mientras el gobierno saliente defiende sus logros, el entrante y la Contraloría cuestionan la efectividad de las entregas. Lo cierto es que miles de familias campesinas siguen esperando una respuesta del Estado, y la nueva administración tendrá la tarea de resolver los trámites pendientes y garantizar la seguridad jurídica de los beneficiarios.