La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este domingo tras los ataques y hostigamientos registrados en varias regiones del país durante las primeras horas del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella. El organismo advirtió sobre el riesgo de una escalada de la violencia y pidió fortalecer desde el inicio de la administración una respuesta estatal que no se limite al componente militar, sino que incorpore medidas de prevención y protección para las comunidades.
Dos jornadas de alta tensión
Entre el 7 y el 8 de agosto se reportaron ataques, hostigamientos y hechos relacionados con explosivos en diferentes puntos del territorio nacional, con especial intensidad en Cauca y Nariño. También se conocieron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare, lo que generó una alerta adicional en el inicio de la nueva administración.
Sin evidencia de una ofensiva coordinada
Aunque la coincidencia temporal de los hechos podría sugerir una acción simultánea contra el Estado, la Defensoría señaló que todavía no existen elementos suficientes para concluir que detrás de los ataques haya una ofensiva nacional coordinada. Varias de las circunstancias y autorías continúan bajo verificación.
El impacto en la población civil
La preocupación aumenta porque una parte de esas acciones ocurrieron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y carreteras utilizadas diariamente por las comunidades. Algunos episodios dejaron afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad, llevando nuevamente la confrontación hasta espacios donde la población queda expuesta de manera directa.
Drones y explosivos: la nueva amenaza
A ello se suma un fenómeno que viene modificando la manera en que operan las estructuras armadas: el uso reiterado de drones y explosivos. La Defensoría recordó que su Sistema de Alertas Tempranas ya había advertido sobre estas modalidades y señaló que están “transformando las condiciones de la confrontación armada” en diferentes territorios. Su utilización en zonas pobladas eleva el riesgo de afectaciones indiscriminadas.
Llamado a los grupos armados
Por esa razón, el organismo hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que la población no sea utilizada como escenario de demostraciones de fuerza. También exigió respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario, abstenerse de ejecutar acciones que puedan afectar indiscriminadamente a civiles y cesar las conductas que comprometan la vida, integridad y movilidad de las comunidades.
Un reto para el nuevo Gobierno
La advertencia adquiere una dimensión política por el momento en el que se produce. Con apenas los primeros días de una nueva administración, la Defensoría planteó que la respuesta frente al deterioro del orden público debe combinar “las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades”.