Un pulso político en la salud pública
“¡La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero!”. Con esta frase, Jorge Iván Ospina, actual interventor de la Nueva EPS, respondió a la solicitud del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien anunció que pedirá la salida de todos los agentes interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
La declaración de Ospina se produjo en medio de una nueva tormenta alrededor del sistema de salud colombiano, luego de que la Contraloría General de la República publicara un informe en el que advierte un “deterioro crítico y sostenido” de las EPS intervenidas. Según el ente de control, las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud no solo no han logrado estabilizar las entidades, sino que además han permitido un agravamiento de sus problemas financieros y administrativos.
La postura de Quintero y la respuesta de Ospina
Daniel Quintero aseguró que evaluará uno a uno a los funcionarios encargados de dirigir las EPS intervenidas y que ya solicitó sus renuncias. “He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”, afirmó el superintendente.
Sin embargo, Ospina rechazó públicamente la posibilidad de apartarse del cargo por solicitud directa de Quintero y dejó claro que, a su juicio, la decisión solo podría tomarla el presidente Gustavo Petro. “La renuncia me la pide Petro, no Quintero. Las intervenciones han tenido inestabilidad y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa situación. Realmente no creo que tenga que ver conmigo. Yo soy muy bueno y, además, muy responsable con mi trabajo”, aseguró ante medios de comunicación.
El informe de la Contraloría enciende las alarmas
El informe de la Contraloría concluyó que las intervenciones forzosas administrativas no están cumpliendo su propósito de rescatar financieramente las entidades ni de garantizar mejores condiciones para los afiliados. Por el contrario, el organismo advirtió sobre riesgos graves para la sostenibilidad del sistema y para la continuidad de la atención médica.
- La Nueva EPS, con 11,6 millones de afiliados, no cuenta con estados financieros certificados de 2024 y 2025.
- Se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
- Savia Salud incrementó su endeudamiento en un 166 %, pasando de 4,41 % a 11,73 %.
- Famisanar registró un patrimonio negativo que pasó de -$2,1 billones a -$3,3 billones al cierre de 2025.
- Coosalud aumentó sus pasivos de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sostuvo que el panorama evidencia la falta de resultados estructurales en las intervenciones realizadas por la Superintendencia de Salud. Según el ente de control, la inoperancia de las medidas ha permitido que las deudas crezcan y que el deterioro financiero termine afectando directamente a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios médicos.
El trasfondo político de la disputa
Los actuales agentes interventores fueron nombrados por anteriores administraciones de la Superintendencia y han sido responsables de manejar nueve EPS intervenidas por el Gobierno de Petro durante los últimos tres años. Ahora, con la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud, comienza una nueva revisión de esas gestiones en medio de una creciente presión por los problemas de acceso a medicamentos, demoras en tratamientos y crisis financiera del sistema.