Noticia Exclusivo suscriptores Las claves del caso en la Agencia Jurídica sobre la pelea de la Policía y empresas mineras de oro: se habla de un jugoso monto en medio de la disputaContinuidad de operaciones policiales en proyectos auríferos abrió dudas sobre la relación entre la seguridad y la actividad minera.Uniformados de la Policía en uno de los proyectos mineros. Foto: CortesíaLink Jesús Antonio BlanquicetSUBEDITOR DE JUSTICA19.05.2026 06:04 Actualizado: 19.05.2026 06:04 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Durante meses, decenas de policías habrían prestado servicios de seguridad en operaciones de dos de las principales multinacionales mineras de oro que hacen presencia en Antioquia sin que existieran presuntamente convenios vigentes que respaldaran la acción de los uniformados. Según la información conocida por EL TIEMPO, durante ese periodo tampoco se habría realizado un pago a la Policía por la prestación del servicio como lo establece la normativa de la institución.Más de 11 toneladas de marihuana, una pista llamada 'Milamor' y la ruta que llevaba droga desde Putumayo hasta BrasilLa situación quedó en evidencia tras el cambio de la cúpula de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a finales de 2024. En ese momento se identificó que los acuerdos de colaboración con Aris Mining y Continental Gold – Zijin habrían expirado, aunque seguían ejecutándose con uniformados desplegados en zonas mineras de Segovia, Buriticá y otras áreas del nordeste antioqueño.Documentos revisados por este diario permiten reconstruir una secuencia de decisiones internas, retrasos administrativos y discusiones sobre la forma en que se manejaron los convenios relacionados con la seguridad minera. Los expedientes también mencionan oficiales retirados, contratos por miles de millones de pesos y cuestionamientos sobre quién autorizó mantener la presencia policial mientras los acuerdos permanecían sin formalizar.Policía revela detalles en caso de desaparición de Yulixa Toloza en estética de Bogotá: ubicaron a dos personas claveUniformados en una de los proyectos mineros. Foto:Cortesía El caso Continental Gold – ZijinDe acuerdo con la información conocida por EL TIEMPO, entre el 20 de julio de 2021 y el 25 de febrero de 2025 la Dirección de Carabineros mantuvo presencia permanente en operaciones de Continental Gold – Zijin sin un convenio actualizado.Durante ese tiempo, policías especializados desarrollaron labores enfocadas en combatir la explotación ilícita de minerales, proteger títulos mineros y acompañar operaciones de seguridad en la región. La situación cambió a finales de 2024, cuando la Dirección de Carabineros aceleró los trámites y logró que el 26 de febrero de 2025 se suscribiera un nuevo acuerdo de colaboración con la compañía minera, luego de 43 meses de operación sin formalización contractual.Aunque algunos sectores dentro de la institución consideraban que se trataba de un convenio limitado, un reporte firmado el 26 de noviembre de 2024 por la coronel Diana Torres, jefe de la Oficina de Planeación de la Policía, señalaba que se trataba de un acuerdo “representado en especie de 5.800 millones”.La 'jugada' legal de Venezuela para la entrega de Álex Saab a las autoridades de Estados UnidosLa presencia de los policías se habría dado sin firma de convenio. Foto:Cortesía Posteriormente, el entonces director de Carabineros, general José Roa Castañeda -quien salió de la institución luego de habérsele relacionado con la fuga de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, sin que hasta ahora haya claridad-, habría adelantado nuevas condiciones para la suscripción del convenio. Entre ellas figuraba la aceptación de una donación de 1.050 millones de pesos en elementos de protección personal para los uniformados desplegados en las operaciones mineras. Según la información conocida por este medio, dichos equipos fueron entregados en enero de 2025.La negociación incluyó además nuevas exigencias operativas y logísticas. Entre las solicitudes realizadas se encontraba que la empresa asumiera alimentación caliente para los uniformados dentro del casino de la minera, alojamiento, mantenimiento locativo de las instalaciones utilizadas por el personal policial, pago de servicios públicos y otros apoyos adicionales.Alex Saab, el exalfil chavista deportado a Estados Unidos, deja cabos sueltos en ColombiaUniformados en una de las minas. Foto:Cortesía Según las cifras conocidas por este diario, el convenio habría alcanzado recursos cercanos a los 7.750 millones de pesos durante dos años, al sumar aportes adicionales realizados por la compañía y costos operativos asumidos directamente por la empresa.Mientras avanzaban estas negociaciones, también surgían controversias jurídicas alrededor de Zijin. En junio de 2024, la compañía presentó una demanda contra el Estado colombiano. Posteriormente, el 4 de abril de 2025, EL TIEMPO reveló la renuncia de cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en medio de la controversia relacionada con el proceso arbitral.Uno de los puntos centrales de esa disputa gira alrededor del supuesto incumplimiento estatal en la protección de inversiones mineras frente a estructuras ilegales. Sin embargo, el general Roa sostiene que la presencia institucional sí existió en las zonas intervenidas.Sobre este caso, la compañía señaló que “la prioridad es garantizar la seguridad de la operación, sus colaboradores y la comunidad, entendiendo que esto requiere condiciones logísticas dignas para el personal policial. Entre 2021 y 2025 la compañía habría mantenido mecanismos de coordinación y cooperación institucional con la Policía Nacional dentro del marco legal aplicable y contractual, los cuales actualmente se encuentran formalizados y vigentes”.Entrevista| 'Hay 32 municipios con riesgo de acciones violentas, pero la Fuerza Pública está desplegada': MindefensaUno de los documentos del expediente. Foto:Cortesía Frente al arbitraje internacional, la minera respondió: “nos abstenemos de hacer comentarios al respecto, por respeto al proceso en curso ante el CIADI. Así mismo, la compañía no valida cifras que no hayan sido contrastadas con documentación oficial, registros contables y soportes auditables”.El caso Aris MiningLa situación con Aris Mining siguió una ruta similar, aunque abrió diferencias internas dentro de la Policía. Entre los documentos revisados por este diario aparece el nombre del mayor general en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña, quien para ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente de Seguridad y Control de Pérdidas de Aris Mining en Segovia.En una comunicación del 29 de enero de 2025 dirigida a Barrera, la Dirección de Carabineros hizo referencia a la necesidad de realizar “la suscripción de un nuevo acuerdo de colaboración con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental”.El mismo documento reconocía demoras dentro del proceso. “Las demoras en este trámite se derivaron de los compromisos pendientes del acuerdo de colaboración anterior suscrito con la multinacional”, señala el oficio.Entre febrero y octubre de 2025, periodo en el que el general Carlos Fernando Triana estuvo al frente de la Dirección General de la Policía, no se habría autorizado la firma definitiva del acuerdo con Aris Mining, pese a que los uniformados continuaban desplegados en la zona. Solo el 6 de noviembre de 2025, bajo la dirección del general William Rincón, se autorizó la Resolución 117 que permitió sustentar jurídicamente el acuerdo.Las historias y el dolor de las familias detrás del mercenarismo de colombianos en RusiaPolicias en una de las minas. Foto:Cortesía Mientras el convenio permanecía pendiente, la Policía dejó constancia de que el servicio seguía activo. En un oficio fechado el 13 de marzo de 2025 y remitido a la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, la institución afirmó que “desde el año 2022 a la fecha” existía presencia permanente de funcionarios adscritos a la Dirección de Carabineros en Segovia.Las alertas sobre seguridad también quedaron consignadas en documentos entregados por la empresa a entidades estatales. Aris Mining aseguró que sus títulos mineros estaban rodeados por estructuras ilegales vinculadas al ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ y al Eln“Durante 2023 y 2024 se registraron aproximadamente 64 enfrentamientos entre el Ejército, el Eln y el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ en la zona”, indicó la compañía.La empresa también informó sobre “más de 760 intrusiones” a instalaciones subterráneas y “más de 6.800 ingresos no autorizados” a depósitos de relaves. Según el informe, “más del 95 %” de las personas capturadas por actividades ilegales terminaban siendo liberadas posteriormente.Otros documentos conocidos por EL TIEMPO señalan que la empresa y la Fuerza Pública identificaron “más de 40 plantas de procesamiento ilegales”, además de la incautación de “4.800 kilos de explosivos ilegales, 1.100 detonadores y 1.300 metros de cable detonador”.Los ruidos de las zonas de ubicación temporal para los grupos ilegales sin claridad en los compromisos de pazUno de los documentos del expediente. Foto:Cortesía Incluso, en una comunicación enviada el 24 de enero de 2025 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la empresa propuso un esquema de presencia permanente de Ejército, Policía y Fiscalía durante un periodo de 20 años en Segovia.Desde la oficina de prensa de la minera explicaron que no era posible entregar mayores detalles debido a la “estricta confidencialidad” relacionada con las negociaciones y actuaciones que se desarrollan con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Mientras las conversaciones avanzaban, dentro de la Policía también se mantenían diferencias respecto al alcance financiero de los convenios. Según la información conocida por este medio, desde Carabineros se impulsaba un acuerdo cercano a los 5.800 millones de pesos con un máximo de 25 uniformados, mientras otras propuestas hablaban de convenios que alcanzaban los 10.000 millones para desplegar hasta 40 policías y personal administrativo adicional.Los cuestionamientos también se extendieron al manejo financiero. Dentro de las líneas presupuestales aparecían recursos destinados a 900 millones de pesos en víveres, 600 millones para mantenimiento de vehículos, 500 millones para adecuación de armerillos y 800 millones en elementos de protección personal.A diferencia del convenio de Continental, con Aris, según indicaron fuentes a este medio, "se procedió a descontar víveres, transporte, alojamiento, armerillo y combustibles". Luego el valor real del convenio se fijó a dos años en menos 5.000 millones. Las cuentas pendientes de Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, en ColombiaConvenio de Aris Mining y la Policía firmado en noviembre de 2025. Foto:Cortesía Esto dice el general (r) y la PolicíaEn diálogo con este diario, el general Roa explicó que “el director de Carabineros cuenta con autonomía para disponer que el personal se instale en áreas de interés estratégico, de acuerdo con los requerimientos que haga la comunidad, las empresas o el mando institucional por recomendaciones de inteligencia. Sin embargo, no es ético colocar policías a brindar seguridad a terceros protegiendo intereses privados, sin acuerdo de colaboración u orden de servicio”.El oficial retirado añadió que la Policía habría dejado de percibir cerca de 14.985 millones de pesos por los servicios prestados entre 2021 y 2025. “En el caso de Continental Gold-Zijin, el presunto faltante ascendería a 10.393 millones por 43 meses de servicio, entre agosto de 2021 y febrero de 2025. A esto se suma el caso de Aris, donde el monto dejado de recibir sería de 4.592 millones por 19 meses de operaciones, entre abril de 2024 y octubre de 2025”.En respuesta a las preguntas formuladas por este diario, la Policía, por su parte, sostuvo que la presencia de uniformados de Carabineros en operaciones mineras de Antioquia, incluso cuando algunos convenios se encontraban vencidos o en negociación, respondió al cumplimiento de funciones constitucionales dirigidas a combatir la minería ilegal.La institución indicó que dichas actuaciones “no dependen de la existencia de convenios con empresas privadas”, debido a que la explotación ilícita de minerales está tipificada como delito en Colombia. Recordó además que desde 2014 opera la Unidad Nacional de Minería Ilegal y Antiterrorismo (UNIMIL), creada para liderar estrategias contra este fenómeno y coordinar acciones con otras entidades estatales.Elecciones en alerta por presión y control territorial de los grupos armados: este es el mapa de la violenciaPolicía de Carabineros en el operativo. Foto:Cortesía Respecto a los recursos destinados a alimentación, apoyo logístico y mantenimiento, la Policía aseguró que estos se administran bajo “los mismos estándares de control y trazabilidad utilizados para la administración del presupuesto público nacional”, mediante supervisión institucional, controles internos y auditorías.Sobre posibles irregularidades administrativas o disciplinarias relacionadas con los acuerdos, la institución indicó que cualquier actuación se tramita bajo principios de “legalidad, transparencia y colaboración con las autoridades competentes”. El caso deja interrogantes que permanecen abiertos alrededor de las decisiones adoptadas dentro de la institución. Entre ellos aparece una pregunta sobre si la aceleración de los convenios con Aris Mining y Continental Gold para recuperar recursos se habría sumado para la salida del general Roa. LEA TAMBIÉN Los riesgos de un presidente en guerra contra las cortes y la independencia judicial en la recta final de la campañaSara Quevedo Delgado
