El ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ es considerado el cartel del narcotráfico más poderoso de Colombia, con unos 3.400 delincuentes armados y más de 6.000 personas en sus redes de apoyo, según cálculos de los organismos de seguridad. Actualmente, hace presencia en 296 municipios del país, según la Fuerza Pública.
Un imperio criminal que controla las rutas del narcotráfico
La banda, heredera del poder de los antiguos grupos paramilitares desmovilizados, controla las rutas del narcotráfico que salen por el Caribe colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos. También tiene incidencia en Norte de Santander, desde donde se mueve gran parte de la cocaína hacia Venezuela, Europa y África. Según autoridades estadounidenses, el ‘clan’ es responsable de la llegada de centenares de toneladas de cocaína a ciudades de ese país, en alianza con carteles mexicanos como el de Sinaloa. Además, se ha lucrado del tráfico de migrantes a través del Darién.
Compromisos incumplidos y denuncias de violaciones
A pesar de que desde diciembre el ‘clan’ se comprometió a abandonar acciones criminales como el reclutamiento de menores y a suspender las extorsiones, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) ha documentado al menos cinco violaciones graves, entre ellas una masacre, asesinatos selectivos y amenazas. Además, aunque había anunciado la entrega de menores reclutados, la banda negó tenerlos, contradiciendo denuncias de comunidades y organizaciones de derechos humanos.
Combates activos y tensiones en regiones clave
En los últimos meses, el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ ha mantenido combates con el Eln y disidencias de las Farc por el control del oro y la coca en regiones como Chocó, el sur de Bolívar y Nariño. Su incidencia en el reciente paro minero del nordeste antioqueño fue denunciada por el Ministerio de Defensa.
Un proceso sin marco jurídico y con alertas internacionales
El proceso con el ‘clan’ arranca sin un marco jurídico sólido, pues el Gobierno Petro no logró aprobar en el Congreso la ley que pretendía otorgar beneficios a delincuentes comunes similares a los de grupos con estatus político. Además, la creación de zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó, en plena etapa electoral, ha encendido alertas sobre posibles afectaciones a las garantías democráticas. Los ruidos con Estados Unidos también crecen ante las concesiones a ‘Chiquito Malo’, jefe del cartel.
Sin una verificación fuerte, el proceso con el ‘clan’ arranca también sin marco jurídico, pues el gobierno Petro no logró sacar adelante en el Congreso la ley con la que pretendía darles a delincuentes comunes gabelas similares a los de grupos con estatus político.