Dos ponencias en la Corte Constitucional —una contra la totalidad de la norma y otra contra parte de su articulado— piden tumbar la controvertida Ley de Encuestas. La Ley 2494 de 2025 fue aprobada por el Congreso en julio del año pasado y desató polémica en sectores políticos y firmas encuestadoras por cambiar las reglas de juego para la realización de sondeos de opinión política e intención de voto en el país, a un año de las presidenciales.
El vicio de procedimiento que podría ser fatal
El principal argumento es que la norma fue tramitada como una ley ordinaria, cuando debió hacerse como ley estatutaria. El demandante citó el artículo 152 de la Constitución, que establece que el Congreso debe regular mediante ley estatutaria todo lo relacionado con los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección, la organización y régimen de los partidos políticos, las funciones electorales y los mecanismos de participación ciudadana.
La Ley 2494 de 2025 regula de forma directa derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política, al condicionar y restringir la publicación de encuestas en contextos electorales. Además, asigna nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral, crea órganos técnicos y modifica aspectos del debate público electoral, afectando el régimen de funciones electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Por tanto, debía tramitarse como ley estatutaria, conforme a los artículos 152 y 153 de la Constitución. Al haber sido aprobada como ley ordinaria, incurre en un vicio de procedimiento insubsanable que compromete su validez constitucional.
Los efectos de una posible derogación
De caerse la totalidad de la norma, la Corte podría ordenar aplicar los efectos de la sentencia de manera diferida, una vez culmine la jornada electoral. De tener vigencia inmediata, volverían a aplicarse los requisitos para las encuestas vigentes antes de julio de 2025, es decir, márgenes de error más flexibles —hasta del 5 %— y tiempos de publicación menos estrictos.
Vicios de fondo en la segunda demanda
En el caso del expediente que lleva la magistrada Paola Meneses, se alegan además vicios de fondo, como presuntas violaciones al derecho a la información, a la libertad de expresión, al habeas data y a la intimidad. La Procuraduría, en contraste, pidió a la Corte declarar exequible la Ley de Encuestas.
El estudio de ambos procesos está previsto para el próximo 3 de junio, día en el que la Corte tendrá que decidir sobre su legalidad, pues los términos se vencen el 4 de junio.