La Corte Suprema de Justicia ordenó que la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, continúe detenida en las instalaciones de la Dijín en Bogotá durante el fin de semana, mientras se retoma su indagatoria programada para el próximo lunes 22 de junio. La decisión fue tomada por la magistrada Cristina Lombana, quien suspendió la diligencia que se extendió por cerca de tres horas este viernes.
Una orden de conducción que obligó a la congresista a comparecer
La magistrada Lombana había emitido previamente una orden de conducción para que la senadora, quien había solicitado el aplazamiento de dos diligencias anteriores, asistiera al alto tribunal y rindiera declaración. Peralta es investigada por su presunto papel en el escándalo de corrupción de la UNGRD, específicamente por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
La Fiscalía señala a Martha Peralta como la 'líder' de la estrategia política para asegurar los votos a la reforma pensional, dentro de una organización delincuencial que operaba con una división del trabajo previamente pactada.
De acuerdo con la Fiscalía, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez, en junio de 2023, apoyar la reforma pensional. Para ello, debía asistir a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado y entregar contratos a determinados congresistas con el fin de ampliar las mayorías en esa célula parlamentaria. En este entramado, Peralta habría sido la articuladora de la feria de contratación en el Congreso para torcer el voto de varios parlamentarios a favor de las reformas pensional y de salud del gobierno Petro.
La senadora denuncia persecución política
Antes de ingresar al edificio de la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá, la senadora del Pacto Histórico aseguró que las investigaciones en su contra obedecen a una supuesta 'persecución política'. Peralta fue la candidata más votada de la circunscripción especial indígena al Senado y pertenece al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).
La Corte Suprema abrió investigación formal en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencia y cohecho impropio, luego de que la Fiscalía detallara el modus operandi de la 'organización delincuencial' en la audiencia de imputación contra los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, hoy acusados y señalados como los 'cerebros' del entramado.