Los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que dejaron tres indígenas asesinados, al menos 13 personas heridas y provocaron el desplazamiento y confinamiento de comunidades arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron a los estrados judiciales. Un juzgado especializado admitió una solicitud de medidas cautelares para proteger a cuatro asentamientos indígenas afectados por la violencia en zona rural del municipio de Aracataca, Magdalena.
El juzgado que estudia la protección de los arhuacos
El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta aceptó el estudio de la solicitud presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en favor de las comunidades Seynurwa, Duanawimaku, Serankwa y Jechikin, ubicadas en el corregimiento de Cerro Azul. La petición busca que se adopten medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y el territorio ancestral del pueblo arhuaco, tras la escalada del conflicto armado registrada durante marzo de este año.
Los hechos que desataron la crisis humanitaria
La decisión judicial tiene como origen la grave crisis humanitaria desatada por la confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los combates dejaron a las comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado, con restricciones a la movilidad, confinamiento, desplazamientos forzados y severas afectaciones a su seguridad alimentaria, además de daños sobre bienes indispensables para su supervivencia física y cultural.
Los hechos más graves ocurrieron entre el 6 y el 7 de marzo de 2026, cuando el resguardo de Serankwa fue escenario de intensos enfrentamientos. De acuerdo con los antecedentes del proceso, los ataques dejaron tres indígenas asesinados y al menos 13 personas heridas, mientras las comunidades denunciaron que los grupos armados utilizaron ráfagas de fusil, artefactos explosivos lanzados mediante drones e, incluso, emplearon viviendas indígenas como escudos humanos durante los combates.
Las 35 medidas cautelares solicitadas
Ante ese panorama, la URT acudió a la justicia para solicitar la adopción de 35 medidas cautelares dirigidas a evitar nuevas afectaciones. Entre ellas figura que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas evalúen el nivel de riesgo de los integrantes de estas comunidades y definan esquemas de protección para líderes, autoridades indígenas y demás habitantes expuestos a la violencia.
El propósito es garantizar no solo la protección de las personas, sino también la conservación del territorio ancestral y de los sitios sagrados que hacen parte de la identidad cultural del pueblo indígena.
Los pasos siguientes en el proceso judicial
Como parte del trámite, el juzgado ordenó vincular a entidades nacionales, departamentales y municipales para recaudar información que permita verificar las denuncias sobre las afectaciones ocasionadas por el conflicto. Asimismo, requirió a la URT establecer cuántas familias permanecen actualmente desplazadas o confinadas y precisar su ubicación, información que será determinante para decidir si concede las medidas cautelares solicitadas.
Mientras avanza este proceso, la Unidad de Restitución de Tierras también informó que ya radicó otras dos demandas de resarcimiento de territorio en favor del pueblo arhuaco, con las que busca beneficiar a 150 familias y lograr la restitución de más de 16.000 hectáreas correspondientes a los asentamientos Seynurwa y Singuney, en la Sierra Nevada de Santa Marta.