Un nuevo frente de controversia sacude al sector de las plataformas digitales en Colombia. La entrada en vigencia del Decreto 0991 de 2026, firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, ha encendido las alarmas entre los repartidores de aplicaciones como Rappi y las empresas del gremio.
Las reglas que se habrían alterado
La norma establece nuevas pautas operativas para la cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes que prestan servicios a través de plataformas digitales. Según voceros del gremio, el decreto modifica aspectos clave que ya habían sido consensuados en la Ley 2466 de 2025, producto de la reforma laboral.
- Se cambian las condiciones para el pago de aportes a salud y pensión, lo que podría incrementar los costos para los repartidores.
- Las plataformas denuncian que el decreto introduce obligaciones no previstas en la ley original, generando incertidumbre jurídica.
- El gremio asegura que la medida afecta la flexibilidad del modelo de negocio y la viabilidad financiera de las operaciones.
Las reglas pactadas en la Ley 2466 de 2025 habrían sido alteradas sin un diálogo previo con el sector. Esto pone en riesgo la sostenibilidad del trabajo digital en Colombia.
El impacto en la comunidad de repartidores
La medida genera zozobra entre los más de 150.000 repartidores activos en el país, quienes dependen de estas plataformas para su sustento diario. Muchos temen que las nuevas reglas reduzcan sus ingresos netos o los obliguen a asumir cargas adicionales sin una compensación clara.
Ante este panorama, los voceros del gremio han solicitado formalmente al Gobierno entrante una revisión exhaustiva del decreto. Piden que se respeten los acuerdos alcanzados en la reforma laboral y que se abra un espacio de concertación con los actores involucrados antes de implementar cambios definitivos.