Violaciones sistemáticas ocurren bajo el estado de excepción
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un informe detallado sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante 2025, en el marco del estado de excepción implementado desde diciembre de 2022. La medida, impulsada por el gobierno de Xiomara Castro para combatir la criminalidad, replicaba el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.
El documento documenta ocho desapariciones forzadas, cinco casos de tortura, tres ejecuciones extrajudiciales y dos muertes bajo custodia estatal, atribuidos a fuerzas policiales y militares. Estas violaciones habrían ocurrido durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, amparadas en la discrecionalidad otorgada por el estado de excepción.
Impacto en comunidades vulnerables y jóvenes
Las violaciones se concentraron en ciudades como Choluteca, Intibucá, San Pedro Sula y Yoro, así como en los departamentos de Francisco Morazán y Olancho. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 15 y 30 años, provenientes de barrios pobres controlados por maras o pandillas. Según el informe, estas comunidades enfrentan doble presión: la presencia de estructuras criminales y el hostigamiento constante por parte de las fuerzas de seguridad mediante detenciones arbitrarias, insultos y agresiones físicas.
Entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2025, la Policía hondureña realizó 15,953 detenciones, muchas relacionadas con tráfico de drogas y extorsión, aunque el informe señala la ausencia de investigaciones sólidas y pruebas contundentes en varios casos.
El estado de excepción pierde su carácter temporal tras múltiples renovaciones
Desde su instauración, el estado de excepción fue renovado 24 veces, extendiéndose hasta cubrir el 76 % del territorio nacional. La ONU advierte que esta prolongación llevó a la pérdida de su carácter excepcional, facilitando la violación sistemática de derechos humanos y afectando principalmente a sectores marginados.
Pese a una reducción del 10,24 % en la tasa de homicidios en 2025, el informe señala que esta no parece estar relacionada con las medidas de seguridad, sino con la consolidación del control territorial de grupos criminales como la MS-13.
El 26 de enero de 2026, un día antes de la toma de posesión del presidente Nasry Asfura, la Corte Suprema de Justicia acordó sobreseer el estado de excepción, lo que podría implicar una amnistía para las autoridades involucradas en violaciones durante los dos años de vigencia, aunque no se ha emitido comunicación oficial sobre el alcance de esta decisión.
¿Cómo afrontará Honduras la seguridad sin estado de excepción?
Con la eliminación del estado de excepción y el nuevo gobierno que ha descartado continuar con esta medida, el país enfrenta el desafío de diseñar estrategias efectivas para combatir la violencia y la criminalidad sin recurrir a la suspensión prolongada de garantías constitucionales.
El informe de la ONU pone en evidencia la necesidad de proteger los derechos humanos y garantizar mecanismos judiciales adecuados para evitar abusos en el marco de políticas de seguridad.