La última sesión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) de este Gobierno dejó una de las definiciones más importantes para la justicia transicional: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) integrarán el Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El anuncio en la CSIVI
El anuncio fue hecho durante la sesión ampliada de la CSIVI, en la que se hizo un balance de los avances, logros y desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.
Para ONU Derechos Humanos es un honor contribuir al Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y del capítulo étnico, de manera conjunta con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).
Avances y compromisos
Durante la reunión también se destacó la expedición de decretos considerados esenciales para la implementación del Acuerdo de Paz. Entre ellos, la renovación de la vigencia de la CSIVI y el decreto de condiciones transversales que busca dotar de garantías para el cumplimiento de las sanciones propias que impondrá la JEP.
Campbell señaló que el compromiso de las instituciones que integran la CSIVI resulta fundamental para esta nueva etapa de implementación y aseguró que el país atraviesa un momento determinante para cumplir lo pactado.
Este momento es decisivo y supone redoblar los esfuerzos para el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un compromiso asumido por el Estado y como principal hoja de ruta para la transformación, la no repetición y la consolidación de la paz y la democracia.
Un hito para la justicia transicional
La conformación del Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional marca el inicio del acompañamiento internacional a la ejecución de las primeras sanciones propias de la JEP, luego de que esa jurisdicción dejara en firme las primeras sentencias contra máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.