La Fiscalía General de la Nación imputará a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, por supuestas irregularidades en el contrato de pasaportes. El alto exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, tendrá que responder por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Una nueva fecha para la imputación
El ente acusador ya había citado a Salazar para una primera audiencia de imputación, pero al no asistir, volvieron a radicar la solicitud. La Rama Judicial fijó el próximo 10 de junio para leer los cargos en su contra.
Las resoluciones que cambiaron el rumbo del contrato
Según el expediente, Salazar habría participado en la suscripción de tres resoluciones en febrero de 2024, con las que revocó decisiones del entonces canciller Álvaro Leyva, quien había declarado desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes, por cerca de medio billón de pesos. De esta manera, se restableció el proceso licitatorio y se entregó el contrato a la única empresa postulante.
El exfuncionario estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones en febrero de 2024, las cuales revocaron las decisiones con las que entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos. De esta manera, reestableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante.
El contexto del caso pasaportes
Este es un nuevo llamado de la Fiscalía para que funcionarios del gobierno Petro respondan en los estrados judiciales por el caso pasaportes. La intención del Ejecutivo fue quitarle el negocio de la expedición a la multinacional Thomas Greg, que durante años ha concentrado la impresión del documento. En la justicia ya responde por este supuesto cambio irregular en la contratación el excanciller Álvaro Leyva, quien fue también disciplinado por la Procuraduría.